Ultimátum judicial de Europa a España por la morosidad del sector público

La Comisión Europea (CE) ha advertido a España e Italia que acudirá a los tribunales si no pone remedio a la morosidad en la contratación pública de empresas, incluidas las vinculadas al ámbito sanitario como laboratorios o compañías tecnológicas. El organismo comunitario ha apelado a los obstáculos que supone para las sociedades afectadas el retraso en los pagos, especialmente en un contexto de contracción económica como el actual.

La CE ha remitido ya a España un dictamen motivado “por la no conformidad de su legislación nacional” con la directiva europea de morosidad pública. Incide en que esta “repercute negativamente en las empresas” ya que “reduce su liquidez, les impide crecer y dificulta su resiliencia y su capacidad para ser más ecológicas y digitales”.

“En el contexto económico actual, incluso más que antes, las empresas y las pymes dependen de pagos periódicos para funcionar y mantener el empleo”, advierte el organismo europeo, que subraya que la directiva sobre morosidad “obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de 30 días o de 60 en el caso de los hospitales públicos”.

"Preocupación" por los retrasos en pagos "locales"

Concretamente, la Comisión ha reprendido a España por los “retrasos excesivos en los pagos por parte de las autoridades públicas” del que tuvo constancia en 2015. El organismo reconoce “los esfuerzos” del país en los últimos seis años “para mejorar la puntualidad de los pagos”, si bien reconoce su “preocupación” por los “retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales”.

“España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia”, concluye la CE.