Sanidad desmarca al administrativo en salud de la gestión de datos clínicos

Entre los diversos frentes que el Ministerio de Sanidad tiene abiertos en el ámbito profesional -con las negociaciones del Estatuto Marco como aspecto descollante-, ha cobrado fuerza recientemente la denuncia de los técnicos superiores sanitarios a la regularización de la figura del administrativo en salud, un perfil que, según aseguran, generaría intrusismo en tanto en cuanto esa función ya la desempeñan los técnicos superiores en Documentación y Administración Sanitarias: “Hay intrusismo en el momento en el que se tocan datos de salud, y los administrativos no son profesionales sanitarios”, resumen desde el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) a Redacción Médica. En una reciente respuesta a una pregunta escrita del PP en el Congreso, el Gobierno se apresuró a aclarar que “en absoluto” deben equipararse ambos perfiles, y fuentes de Sanidad dejan claro a este periódico que las tareas del administrativo en salud se circunscribirán a la gestión de citas y agendas, es decir, plenamente al ámbito administrativo. “Por eso se les va a llamar administrativos en salud y no administrativos sanitarios”, matizan las mismas fuentes ministeriales.

“La respuesta es absurda”, lamentan desde SIETeSS a este medio. “El ministerio debería saber que el personal administrativo sólo puede tener acceso a datos como el nombre, los apellidos, el sexto y la edad de los pacientes. Pero un parte de baja, por ejemplo, contiene datos de salud, y por eso el profesional que puede gestionarlos es el técnico en documentación, como personal sanitario que es”, añaden.

Las competencias ligadas a la figura del Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias están establecidas en el Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre. Entre otras funciones, se le atribuye la gestión de ingresos y altas, la asignación de camas, la selección de diagnósticos, procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos y datos clínicos de interés de la documentación clínica, la gestión del archivo de historias clínicas y la elaboración y tramitación de “documentos y comunicaciones propias de los servicios sanitarios a partir de las necesidades detectadas y en el ámbito de su responsabilidad, respetando los criterios deontológicos de la profesión”.

Nada de eso es lo que, de acuerdo a Sanidad, tendrá que hacer el administrativo en salud. La creación de esa figura es uno de los objetivos incluidos en el Plan de Acción de Atención Primaria 2025-2027, aprobado en diciembre en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La medida se enmarca en el apartado dedicado a la “reorganización” de las “competencias y roles” en los equipos del primer nivel asistencial para “garantizar que cada necesidad de la población sea atendida por el profesional más adecuado, mejorando así la calidad y efectividad de la atención prestada”.

En lo referente de forma expresa a los administrativos en salud, se plantea definir y aprobar su perfil y sus competencias en el marco de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, y el objetivo es que todas las comunidades autónomas asuman ese modelo para 2026. “Se trata de una demanda que ha sido expresada por la mayoría de comunidades y sociedades científicas, y ya se dispone de iniciativas que han sido puestas en marcha con éxito por las autonomías a lo largo de la implantación del Plan de Atención Primaria 2022-2023”, argumentan desde Sanidad.

Consenso para definir el perfil del administrativo en salud

Así se indicó en el informe de evaluación de aquel plan, publicado en noviembre y en el que ya se destacaba “la importancia de avanzar hacia la creación de una posición específica de personal administrativo en salud, con plazas específicas”, para dotarla de “un papel clave en la gestión, estructuración y resolución (en caso posible) de la demanda”.

De hecho, en la introducción del vigente Plan de Atención Primaria se asegura que la “potenciación” de esa figura en los años previos ha hecho que se hayan optimizado más del 75 por ciento de los procedimientos administrativos en toda España, como la gestión y la consulta sobre citas, además de la renovación del tratamiento crónico. “Partiremos de un análisis de estas actuaciones y seleccionaremos, de forma consensuada con todas las comunidades autónomas, qué modelo o modelos consiguen satisfacer las necesidades del conjunto de los territorios, para impulsar su implantación de manera ágil antes del año 2026”, detallan desde Sanidad a este medio.

La idea del ministerio es “focalizar la atención en la reorganización de las tareas de estos profesionales” para, así, favorecer que “la gestión de citas y de agendas” se haga “de una manera más ágil y coordinada”, y también que la atención telefónica sea “más cercana a los ciudadanos”. El objetivo final es “avanzar hacia la identificación de un administrativo de referencia que comparta cupo con los principales profesionales sanitarios del equipo de salud: el médico de Familia o pediatra y la enfermera”.

Los técnicos sanitarios estudian varias vías de protesta

Sin embargo, al colectivo de técnicos sanitarios no le convencen los argumentos ministeriales: “Se pretende volver legal una circunstancia simplemente porque viene bien”, denuncian desde SIETeSS, que apunta a una posible motivación económica para ello: “En el 90 por ciento de los servicios de salud, sólo se necesita la ESO para trabajar como personal administrativo, así que salen más baratos que un técnico sanitario. Además, no tiene sentido que, por un lado, Educación financie unas titulaciones que pagamos entre todos para que, luego, Sanidad lo desoiga”.

Por tales motivos, en el sindicato no descartan emprender iniciativas de protesta, como concentraciones, ni tampoco echar mano de la vía legal para defender sus intereses: “Estamos en ello”.