Mónica García, ministra de Sanidad.
El
Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo se ha convertido en el principal protagonista del
Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud (CISNS), que se está celebrando este viernes en el Ministerio de Sanidad. En un escenario complejo, en el que algunos consejeros del PP reclaman una
memoria económica para adscribirse al mismo, la
financiación se presenta como un elemento clave, pero lo cierto es que todavía queda tiempo para conocer cuál será. En este sentido, según la ministra de Sanidad,
Mónica García, "la financiación puede ser
más o menos finalista" en función de los diferentes puntos que se acuerden, y se detallará cuando se concreten las necesidades, en consonancia con todas las autonomías.
Hasta el momento, esta iniciativa contaba con el apoyo de Cataluña, Canarias, País Vasco y Asturias. El resto de comunidades, gobernadas por el
Partido Popular, junto con Castilla La-Mancha (que rompe la unanimidad autonómica del PSOE),
no secundan esta
estrategia antitabaco, al no disponer de una
memoria económica previa. Para García, adelantar la inversión con la que contará este Plan no tiene cabida, ya que esta dependerá de todas las medidas que se traten en él y que “tendrán que ir aterrizando”.
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad; junto a Mónica García, ministra de Sanidad.
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“Tenemos claro que es un plan que tiene que
ampliar los espacios libres de humo, que quiere que menos gente se sume a la adicción tabáquica y que busca que la gente que quiera
dejar de fumar pueda hacerlos”, explica la ministra. “Queremos ampliar los espacios libres de humo, y en esa amplitud se tendrán que centrar las diferentes
iniciativas legislativas que derivarán de este plan”, añade.
A pesar de que en un principio el propio ministerio apelaba al principio de “
redistribución de la riqueza”, García abre la puerta a la posibilidad de plantear un
modelo finalista, que permitiría financiar, con los propios recursos del plan, las medidas para
reducir la prevalencia del tabaquismo.
Trabajo en común para luchar contra el tabaquismo
El
trabajo en común junto con las distintas autonomías es uno de los aspectos que García considera esencial para la elaboración y puesta en práctica de este plan, y así lo ha mencionado en varias ocasiones en la rueda de prensa previa al
CISNS. “Hemos recogido la mayoría de las
iniciativas que nos han enviado las comunidades y las hemos incluido en este plan”, asegura. “Vamos a hacer u
n plan conjunto que aterrizará en diferentes espacios”, añade García.
Tal y como ha explicado la ministra, “los
cuerpos técnicos de las comunidades” han participado en la elaboración de este documento, teniendo en cuenta el “
consenso científico y de la propia sociedad”. “Iremos detallando a qué espacios afecta siempre en consonancia con las posiciones del resto de comunidades, en consonancia”, detalla.
“Los consejeros y consejeras de los diferentes gobiernos
tienen toda la información desde hace mucho tiempo y les hemos dado margen para que aporten sus iniciativas, de las que se han incluido el 90 por ciento. Aquellos que no se quieran adherir al plan, en el cual han estado trabajando sus equipos técnicos y las
sociedades científicas, tendrán que explicar sus motivos”, sentencia García
Críticas autonómicas del Plan Anti-Tabaco
En concreto, el Ministerio de Sanidad
ha aceptado 157 alegaciones presentadas por parte de las comunidades autónomas en la
Comisión de Salud Pública y así lo reflejaba el borrador con los últimos cambios, tal y como adelantó
Redacción Médica.
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
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A pesar de que García no ha accedido a incorporar la tan pedida
memoria económica en este borrador, pedida por Murcia, la Comunidad Valencia, y Castilla-La Mancha, entre otras, sí que se ha comprometido a presentar unos “
fondos específicos” que permitirían fomentar las actividades dirigidas a reducir el impacto del tabaquismo en la salud.
Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid; Manuela García, consejera de Salud y Consumo de las Islas Baleares; y María Martín, consejera de Salud de La Rioja.
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El Gobern de Baleares coincide también con este posicionamiento y solicita que se incorpore de manera realista el
coste de las medidas que se van a llevar a cabo, así como la consignación de una dotación presupuestaria adecuada.
Aragón, por su parte, rechaza también adherirse a este plan y alega que se debe a una
falta de concreción de la propuesta, entre otras cuestiones, y destaca la necesidad de un consenso y de un trabajo serio de cara a su ejecución.
César Pascual, consejero de Salud de Cantabria.
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Cantabria, aunque reconoce estar de acuerdo con el 95 por ciento del plan, también echa en falta una memoria económica. Aun así, admite que acatará el plan si este salía adelante, cosa que sucederá este viernes en el CISNS.
No emitirán voto alguno Madrid ni Galicia, que consideran que el documento debería ser consensuado por la
Comisión de Salud Pública. Navarra, que se ha mostrado
de acuerdo con los aspectos generales del plan, tampoco votará ni a favor ni en contra.
Aspecto de la sala del Consejo Interterritorial.
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