Órgano de evaluación independiente para sumar tecnología sanitaria al SNS

Un órgano de evaluación independiente velará por la efectiva incorporación de tecnología sanitaria al Sistema Nacional de Salud (SNS). Tal y como recoge el proyecto de Real Decreto que ha sido lanzado este lunes a audiencia pública, este ente “con autonomía funcional” tendrá la responsabilidad de analizar las virtudes y posibles duplicidades de las innovaciones en salud “compaginando resultados con los cortes que supongan” para el propio SNS. La estrategia blinda también una mayor participación de pacientes y profesionales sanitarios, de forma que se incentive la transparencia en los procesos de evaluación.

El departamento de Mónica García ha sometido al trámite de audiencia pública este real decreto de evaluación de tecnología sanitaria con el que se pretende regular, de forma “independiente, transparente y participativa”, la incorporación de este tipo de herramientas (se refiere también a fármacos, procedimientos médicos, productos sanitarios, pruebas para el diagnóstico in vitro, entre otros) al SNS. El proyecto subraya que este análisis se llevará a cabo “mediante un proceso científico basado en datos contrastados” para “determinar la eficacia relativa y eficiencia” tanto de las tecnologías ya existentes como de las nuevas.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha puesto en valor este nuevo impulso a un RD que velará por la “independencia de los diferentes niveles del sistema de evaluación”, de forma que se garantice que estas decisiones sean ajenas a las “definiciones de financiación”.

“Que sean independientes en lo formal (sin conflictos de interés, además) se complementa con garantizar que la información de la evaluación tiene que impactar de forma directa las decisiones de financiación. Los órganos de gobierno del sistema trabajarán para ello”, ha apuntado en redes sociales.

El mismo Padilla incide en que el RD blinda la participación de pacientes y profesionales sanitarios en los procesos de evaluación de las tecnologías sanitarias antes de su incorporación en las prestaciones del sistema nacional de salud. “Este es un cambio muy esperado desde diversos ámbitos”, concluye.

Nueve ámbitos de evaluación de tecnología sanitaria

Según Sanidad, para realizar esta norma se han identificado nueve ámbitos de evaluación, de los cuales cuatro son clínicos (identificación de un problema de salud y la tecnología sanitaria actual, análisis de las características técnicas de la nueva tecnología sanitaria, seguridad relativa y eficacia clínica relativa) y el resto, no clínicos (coste y evaluación económica de una tecnología y sus aspectos éticos, organizativos, sociales y jurídicos).

“Por otra parte, el procedimiento para la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios para su inclusión en la prestación farmacéutica debe tener en cuenta criterios como el "valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad" o el "valor social del producto sanitario y beneficio clínico incremental del mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad”, añade.

Necesidades de la evaluación de tecnología sanitaria

Según Sanidad, la necesidad de impulsar una estrategia de evaluación de tecnología sanitaria ya se preveía en el Plan Anual Normativo de 2023, si bien “se ha hecho más acuciante” tras la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que dictaminó que el acuerdo que sustenta en la actualidad la ETS para fármacos (el Plan para la Consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéuticos de los Medicamentos en el SNS) es “nulo de pleno derecho”. ·El argumento principal de esta sentencia es que se trata de una norma jurídica de carácter reglamentario que produce efectos frente a terceros e innova el ordenamiento jurídico”, indica.

“Finalmente, la necesidad y oportunidad de la norma sobre la ETS debe enmarcarse en la compleja encrucijada que vive el sector farmacéutico a nivel global y local, en la que la inacción o el retraso en la misma puede tener consecuencias negativas sobre la investigación y desarrollo de innovaciones, sobre el acceso de los pacientes a los medicamentos, sobre la asequibilidad de los medicamentos y la sostenibilidad del sistema sanitario, y sobre el atractivo que España puede jugar para atraer inversiones industriales”.