Silvia Calzón
El
Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública la orden destinada a la
integración del Nodo SNSFarma en el repositorio nacional, una medida con la que pretende “garantizar el cumplimiento de la normativa europea y nacional" sobre la verificación de medicamentos.
El organismo que dirige Carolina Darias da de esta forma un nuevo paso hacia la
implantación efectiva del nodo SNSFarma, un instrumento para la
integración tecnológica y el intercambio de la información con el repositorio nacional, del que forma parte. Según Sanidad, este "sería de aplicación a todos los medicamentos que incluyan un identificador único y sean dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud" tanto por las oficinas como por los servicios de farmacia.
"Su integración en el repositorio nacional es precisa para el cumplimiento de la normativa europea y nacional sobre
verificación y autenticación de los medicamentos de uso humano", añade.
Según Sanidad, mediante esta metida se logrará
concretar las obligaciones de las partes, la gobernanza del proyecto, los requerimientos técnicos, funcionalidades y la necesidad de cumplir las especificaciones de la normativa europea.
3 de noviembre: fecha límite de envío de aportaciones
A través de la siguiente dirección de correo electrónico, cartera-farmacia@mscbs.es, ciudadanos, organizaciones y asociaciones podrán hacer llegar sus aportaciones sobre problemas, objetivos y posibles alternativas a la norma presentada, hasta el próximo
3 de noviembre.
El Real Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, incluye un artículo que establece que la integración del Nodo SNSFarma en el repositorio nacional se realizará mediante un convenio entre el Ministerio de Sanidad y la entidad gestora del sistema español de verificación de medicamentos, y se alojará en servidores de las Administraciones Públicas Sanitarias. Si no se llegar a acuerdo, Sanidad podrá establecer dichas funcionalidades y operativa para la puesta en marcha del Nodo SNSFarma mediante orden ministerial.
El documento asegura igualmente que la alternativa planteada en el artículo 84 del Real Decreto 717/2019 "no ha sido factible", tras más de un año trabajando en esta línea, por lo que se han descartado las alternativas no regulatorias".
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