Consideran que el nivel de exigencia es mucho mayor.
Un i
nforme elaborado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en el que analiza la
perspectiva del sector público español, pone de manifiesto, entre sus conclusiones, que
los médicos y los profesionales sanitarios en general tienen
mucho más difícil aprobar una oposición que los profesores.
Los
autores de la investigación manifiestan que la selección del personal docente no universitario (concurso-oposición con alta puntuación de entrada por años de servicio como interino) es “
menos rigurosa y exigente que la del personal estatutario de la sanidad pública”. En el terreno sanitario se aplica el
modelo MIR y similares, algo que no se establece para los docentes.
“(El MIR) Una
prueba inicial exigente de conocimientos, seguida de un periodo inicial de prácticas retribuidas y de un posterior concurso oposición para consolidar la condición de fijo de plantilla”, indica el informe.
A la realización del MIR añade que los
estudios universitarios de los médicos son “tiene un mayor nivel de exigencia” que las carreras de educación.
Los “ajustes” en Sanidad
Este informe también analiza
los “ajustes” que se hicieron en Sanidad, como la medida de suprimir la universalidad de la sanidad española; la elevación del copago farmacéutico para las personas que ostenten la condición de asegurado activo, quedando establecido entre
el 40 y el 60 por ciento del precio del medicamento, en función directa de la renta de la persona y con un tope mensual; y la supresión de las subvenciones a medicamentos y a determinados
suministros ortoprotésicos y dietéticos; entre otras iniciativas.
“También se desplegaron iniciativas para la racionalización del gasto, por ejemplo, sobre gestión centralizada de listas de espera quirúrgica, atención ambulatoria, asistencia no presencial, historia clínica y receta electrónica”, señala, para añadir que “
es curioso comprobar cómo algunas de estas disposiciones autonómicas orientadas a reducir el gasto han dado lugar a conflictos de
competencias con el Gobierno central, por ejemplo, en la
subasta de medicamentos aplicada por la Junta de Andalucía.
“Desde ese punto de vista político, los gobiernos de las CC.AA. también han reconocido que sin el impulso del Gobierno central les hubiese sido mucho más difícil acometer el ajuste de su gasto sanitario, dada su elevada sensibilidad social,
acrecentada en los últimos años por un alto grado de movilización ciudadana y sindical”, manifiesta.
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