Los médicos españoles llevan a Europa el 'decretazo' contra la profesión

El director de la Asesoría Jurídica de la Organización Médica Colegial (OMC), Ricardo De Lorenzo, ha comparecido este miércoles en representación del ente médico en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para tratar de corregir la “alarmante” situación que se ha producido con la aplicación del RDL 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

A pesar de la petición de archivo por parte de la eurodiputada socialista Cristina Maestre, quien ha defendido tras la exposición del jurista que no se ha infringido ninguna normativa europea, el Parlamento Europeo ha tomado la decisión de continuar con la denuncia planteada. 

Por otro lado, De Lorenzo ha pedido a la Eurocámara que se transmita a la Comisión Europea la petición de investigación del "posible incumplimiento" por parte de España de las siguientes normas comunitarias: Directiva 2005/36/CE del Parlamento y del Consejo, sobre libre circulación de profesionales sanitarios; Directiva 93/16/CEE del Consejo, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos; y Directiva 86/457/CEE del Consejo, relativa a una formación específica en Medicina General.

"Es un ataque a nuestro sistema de formación"

De Lorenzo ha recordado que este Real Decreto, el 29/2020, entró en vigor el 1 de octubre 2020 y que fue aprobado “desde la excepcionalidad de un sistema sanitario sobrecargado y con una desbordada presión asistencial”. La Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, reunida el día 3 de octubre de 2020, pidió la retirada de la norma por haber sido elaborada sin la participación de la profesión médica y por considerar que el contenido de la misma supone “un ataque a nuestro sistema de formación especializada”.

Además, el jurista ha puntualizado que la organización presidida por Tomás Cobo considera una “decisión equivocada conceder, incluso temporalmente, las competencias de los médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su titulación, en aras de la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes, y nos sitúa fuera de la normativa europea”. “Toda colaboración de profesionales entre los niveles sanitarios debe darse por las necesidades específicas del territorio y por el respeto de sus competencias profesionales”, ha recalcado.

Posible vulneración al derecho de Unión

La Directiva 2005/36/CE regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales a través de un procedimiento competencia del Ministerio de Ciencia, de países de la Unión Europea, que, ha explicado, ha sido modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013. “La Directiva 2005/36/CE establece normas sobre el reconocimiento transfronterizo de las cualificaciones profesionales. Supone la garantía para las personas que han adquirido sus cualificaciones profesionales en un Estado miembro para acceder a la misma profesión y ejercerla en otro Estado miembro con los mismos derechos que los nacionales”, ha señalado.

De Lorenzo ha  subrayado que el texto del Real Decreto Ley 29/2020 “vulnera” las orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación, “admitiendo validez a títulos obtenidos fuera de la Unión Europea sin haber finalizado el procedimiento formal para su homologación académica y reconocimiento profesional establecidos al efecto, y exteriores, por tanto, a los criterios y garantías de la armonización garantizada por la normativa de la Unión”.

Requisitos mínimos de formación en el espacio de la Unión Europea

Por otro lado, el asesor jurídico del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha expresado que el RDL 29/2020 vulnera lo dispuesto en el artículo 21.6 de la Directiva 2005/36/CE, según el cual los estados miembros deben supeditar el acceso a la actividad profesional de médico, y su ejercicio, a la posesión del título que acredita que el profesional en cuestión ha adquirido los conocimientos, capacidades y competencias mencionados en el artículo 24.

“Dicho incumplimiento se produce de forma clara al admitir la posibilidad de que el personal de Enfermería pase a realizar funciones propias del personal médico de Atención Primaria en centros de Atención Primaria de su área de influencia”, ha denunciado. Por otra parte, ha dicho, el RD 29/2020 no se atiene a los requisitos exigidos en el Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, sobre el ejercicio de las funciones de Médico de Medicina General en el Sistema Nacional de Salud Español, contraviniendo lo dispuesto en la Directiva del consejo Europeo 86/457/CEE, de 15 de septiembre.

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De Lorenzo: "Se están dando mayores capacidades en personal que tiene menor formación"

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Por último, el abogado ha expresado que, en estos momentos que se acaban de incorporar el personal en formación MIR y EIR, se va a dar la "gran paradoja" de que van a coexistir los residentes de primer año supervisados por su tutor y en la atención urgente sin poder firmar informes de altas (sujetos por ley al protocolo de supervisión) con los médicos contratados sin aprobar el MIR con permiso para realizar y firmar todo tipo de informes. Es decir, "mayores capacidades en personal que tiene menor formación". "Es un absurdo que se quedaría en ese calificativo si no estuviera en juego la salud de los pacientes", ha reivindicado.

La exposición de De Lorenzo, a debate europeo

Tras la intervención de De Lorenzo, la eurodiputada socialista Cristina Maestre ha defendido que, en España, no se ha vulnerado la normativa europea. Maestre ha destacado que, al encontrarnos ante una pandemia mundial, se han tenido que llevar a cabo procedimientos “que no son los habituales”, reconociendo que determinadas directivas han podido quedar “obsoletas”. “La acción del Gobierno con un Real Decreto, aprobado y apoyado por la mayoría absoluta del Congreso y respaldado por las directrices comunitarias, no infringe ninguna normativa europea”, ha defendido la eurodiputada, que ha pedido que se cierre la petición.

Mientras, la eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha respaldado las palabras de De Lorenzo, así como la labor del sector sanitario, “que tiene ser escuchado”. “Ninguna norma ni prepandemia ni postpandemia ni durante la pandemia debería hacerse sin el consenso de todos ellos”, ha defendido, recordando que la profesión al completo advirtió al Gobierno de que se estaba saltando la normativa.

“Ese Real Decreto supone un ataque directo a la Formación Sanitaria Especializada”, ha añadido, subrayando que la norma no sigue las recomendaciones que dictó la Comisión Europea para hacer frente a la pandemia mundial.