La reforma de los IPT exige más independencia e integración de las pharma

El plan para regular la elaboración de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de los medicamentos del Sistema Nacional de Salud (SNS) necesita renacer como un ave fénix. Esta forzosa reinvención se tiene que producir después de que la Audiencia Nacional declarara nulo este sistema aprobado en 2020 por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS para decidir qué medicamentos debe financiar el Estado y a qué precio. Los expertos indican que un mayor papel de las compañías farmacéuticas en el proceso y la participación de una autoridad independiente podrían mejorar estos informes.

"Hoy por hoy, la participación de los laboratorios está limitada a la última fase del proceso de elaboración. Podría introducirse un cambio y que las farmacéuticas estuvieran presentes antes, como lo hacen en otros países, compartiendo sus modelos de evaluación económica", explica Anna García-Altés, economista y presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES).

Según el plan que había sacado adelante Sanidad, los agentes interesados podían participar enviando sus comentarios al borrador del IPT generado en la primera fase del proceso. Entre esos agentes se encuentran los laboratorios titulares cuyos principios activos estén citados en el IPT, tal y como detalla José María Abellán, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. En este sentido, el experto considera que estas compañías deberían de empezar presentando un modelo económico del medicamento que quieren posicionar.

"Este modelo debería de ser examinado y evaluado por expertos (también de la Universidad y no solo del Ministerio y comunidades autónomas) y los laboratorios deberían de poder presentar alegaciones a la evaluación preliminar, pero también deberían de poder presentar alegaciones a la propuesta del posicionamiento (antes de su aprobación definitiva en la fase 3)", apunta.

Creación de Hispanice

Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, es la "oportunidad para presionar y crear algo mejor". Así lo ven ambos expertos, que abogan por introducir una Autoridad Independiente de Evaluación de Intervenciones Sanitarias y Políticas de Salud, también llamada Hispanice. Ella serviría para evaluar las prestaciones que se introducen (pero también las existentes) en la cartera de servicios, con criterios de efectividad comparada y eficiencia. De esta manera, en palabras de García-Altés el sistema sanitario será más sostenible, equitativo y abierto a la innovación.

"Debería apostarse por otro modelo de evaluación de prestaciones sanitarias (fármacos, tecnologías, programas, políticas, …), más parecido al que se usa en otros países como es el caso del Reino Unido, en el que hay una evaluación sistemática de todo aquello que se introduce en la cartera de servicios, incluyendo políticas de salud pública", comenta la economista.

Por su parte, Abellán va un paso más allá y pide "replantear por completo el sistema". "La arquitectura institucional de evaluación de tecnologías sanitarias en España debe pivotar en torno a Hispanice", sostiene el catedrático, que cree que la fórmula de los IPT "nunca ha sido la idónea" para evaluar la incorporación a la prestación farmacéutica de nuevos medicamentos, ni siquiera desde la incorporación de la evaluación económica de forma previa al posicionamiento con la aprobación del plan de consolidación en 2020.

Concretamente, el catedrático apuesta por centrarse en esta autoridad independiente con los objetivos de dotar de coherencia interna a la evaluación de tecnologías sanitarias en España (no solo medicamentos, sino también dispositivos, procedimientos de diagnóstico, etc.) y acrecentar las capacidades del conjunto del sistema incorporando a las tareas evaluadores a nodos evaluadores de la Universidad y otras instituciones.