Cada hospital español tendrá por ley un delegado de protección de datos

Cambios en la protección de datos en el ámbito sanitario. El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministerio de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos para mejorar, por un lado, esta regulación en aquella información de carácter personal y, por otro, adaptarse a la normativa europea. Unos cambios normativos que, en el caso de sanidad, afectan en gran medida a los datos de los pacientes y que obligarán a crear un nuevo perfil ‘sanitario’: el de delegado de protección de datos.

En concreto, con esta modificación, el Gobierno busca tener una regulación más uniforme en el todo espacio comunitario en lo que a protección de datos se refiere. En el caso del sector sanitario –uno de los ámbitos más expuestos y afectados por la nueva normativa- implicará ‘blindar’ los datos especiales, especialmente si se refieren al estado de salud, origen racial o religión del paciente, además de ampliar el listado de datos especiales los genéticos y los biométricos.

En este caso, hospitales, clínicas privadas, compañías aseguradoras, mutuas del trabajo, así como laboratorios y empresas farmacéuticas se ven envueltas en esta modificación, por lo que tendrán que nombrar a un delegado de protección de datos que vele por el correcto funcionamiento y refuerzo de esta información. Esta figura se encargará de aplicar medidas que permitan el correcto cifrado, garantice la confidencialidad, integridad, disponibilidad, así como el acceso a los datos en caso de incidente, tal y como recoge el diario Expansión.

En el caso de España, la adaptación a Europa hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones. Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) deberá desarrollar cuestiones concretas que el reglamento comunitario remite a las autoridades nacionales de control y las empresas deberán revisar sus tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas exigencias, explican desde el Gobierno.

Según expone también el Ejecutivo, este reglamento atiende a “nuevas circunstancias producidas, fundamentalmente, por el aumento de los flujos transfronterizos de los datos personales” como consecuencia de la actividad del mercado interior, -incluyendo el que genera el sector sanitario- teniendo en cuenta que la rápida evolución tecnológica y la globalización han provocado que esos datos sean un recurso fundamental para la sociedad de la información.