50 euros per cápita, coste mínimo de la troncalidad

José A. Puglisi. Madrid
Las sociedades científicas hacen números en torno a la troncalidad. Una de las primeras fue Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), al estimar en 2.500 millones de euros el gasto implícito en la implementación troncal en el sistema de formación sanitaria especializada (unos 50 euros por habitante). Sin embargo, Juan Jorge González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), ha asegurado a Redacción Médica que “se prevé que la cifra esté muy por encima de esta estimación”.

Juan Jorge González Armengol, presidente de Semes.

Aunque advierte que es difícil hacer una estimación precisa, el presidente de la Semes ha enviado cartas a las Consejerías de Hacienda de las autonomías, informando sobre el importante desembolso de dinero público que va a suponer el cambio de la formación. En primer lugar, indica que al “añadir dos años más al periodo de residencia, va a ser necesario aumentar los períodos de formación específica de numerosas especialidades, con sus correspondientes cargas presupuestarias, no contempladas en el Real Decreto 639/2014, a costa de las respectivas comunidades autónomas, que alegaron en este sentido sin ser escuchadas”.

En este sentido, González Armengol ha recordado la advertencia realizada por el Consejo de Estado en su Dictamen Preceptivo 1100/2013, de 23 de enero: “Este Consejo de Estado quiere, ante todo, llamar la atención sobre el hecho de que la proyectada reforma, generará un esperado y considerable impacto económico, organizativo y asistencial, no evaluado ni trasladado a la memoria económica y presupuestaria (pues más allá de los datos que se contienen sobre costo en dinero, trabajo y cargas de los nuevos órganos administrativos que se crean, habrá que establecer todo un nuevo régimen de programas y de unidades docentes)”.

Desde Semes también se destaca el coste de las áreas de capacitación específica (ACE), ya que, según explica, “la legislación española ya dejaba abierta la posibilidad de llegar a esta formación complementaria a través del reconocimiento de competencias y del desarrollo profesional, pero no necesariamente a través de la formación de residente y a cargo de los presupuestos de las Administraciones Autonómicas, de nuevo (un mínimo de 100.000 euros por cada plaza acreditada)”.

González Armengol ha asegurado a Redacción Médica que “sólo en el caso de pediatría, se han solicitado la creación de 22 nuevas ACE. Una reacción normal que se extenderá por cada una de las especialidades y conllevará a un incremento exponencial del gasto, así como a la posible apertura de conflictos por la aprobación de nuevas ACE en cada especialidad”.

Gestionar los recursos

“Parece poco coherente, más aún en el contexto socioeconómico en el que vivimos, imputar a cargo de los Presupuestos de las comunidades autónomas, períodos complementarios de formación, fuera en este caso de la formación de médico y de la formación especializada, que entran en el puro desarrollo profesional y formación continuada”, explica la Semes. “Es algo que no ocurre con ninguna otra profesión, regulada o no. De hecho hay profesiones que se verían muy beneficiadas y es una reclamación de años, de un sistema de formación similar al MIR (ejemplo: los maestros)”, agrega.
La sociedad científica precisa que el proceso de troncalidad implicará, en los próximos años, un “importantísimo desembolso de dinero público (varios miles de millones de euros) que bien podría dedicarse a otras partidas presupuestarias, dentro o no del sector sanitario”.

De ahí, que González Armengol insista en que el actual modelo MIR “es admirado y envidiado y sigue siendo un ejemplo a seguir fuera de nuestras fronteras. Es difícil encontrar otros aspectos, de los desarrollados en la sociedad española, que sean  motivo de satisfacción y de admiración tanto en España como fuera de ella, como ha ocurrido desde su inicio y ocurre hoy en día con este Programa, por lo que sorprende que se malgaste el dinero de los contribuyentes en destrozarlo”.

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