El Estado deja sin OPE a 20.000 enfermeros

Redacción. Valladolid
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha suspendido la Orden del 29 de abril, por la que la Gerencia Regional de Salud convocó las oposiciones de enfermería en Valladolid y León, previstas para el 22 de noviembre con 554 plazas. El Sindicato de Enfermería Satse de Castilla y León muestra su sorpresa porque a una semana de la celebración de la oposición, a la que se presentaban más de 20.000 enfermeros de toda España, se conozca esta demanda interpuesta por el propio Gobierno central, del mismo signo político que el Gobierno de Castilla y León.
 

Antonio Sáez Aguado, consejero de Sanidad de Castilla y León.

En concreto, ha suspendido la orden SAN/370/2015, de 29 de abril, a instancia de la Administración General del Estado, que alegó que la convocatoria no era válida, pues se habían superados los tres años que fija el Estatuto Básico del Empleado Público para ejecutar una oferta de empleo de este tipo.

La convocatoria publicada por Sacyl se corresponde con la acumulación de las ofertas de empleo público pendientes de los años 2009, 2010 y 2011, por lo que el plazo venció en 2012, 2013 y 2014, en cada caso, a tenor de lo esgrimido por el Tsjcyl. Por ello, “no pueden ser objeto de ejecución ante su extinción, por consunción temporal”. De estas plazas, 389 se convocaron para el turno de acceso libre; 65 plazas para el turno de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y 100 plazas para el turno de promoción interna.

La Sala ha aceptado los argumentos esgrimidos por la Administración General del Estado, considerando que la carencia de una oferta de empleo público válida es “un supuesto de nulidad de pleno derecho que arrastra a la convocatoria de pruebas selectivas efectuada”. Además, considera que es mayor el perjuicio que se causaría a los aspirantes de las pruebas selectivas una eventual nulidad del procedimiento, que la paralización de las pruebas, dada la tramitación preferente del procedimiento y la previsible rápida respuesta que se dará por la Sala en la resolución final del procedimiento. 

Satse denuncia “el enorme perjuicio personal que se ocasiona una vez más al colectivo”

Satse ha manifestado su indignación “por la situación generada por la suspensión cautelar inesperada de las oposiciones de enfermería a una semana de su celebración, debido al enorme perjuicio personal que se ocasiona una vez más al colectivo enfermero en esta comunidad autónoma”.

“Hasta esta mañana”, afirma, “ni la Junta de Castilla y León, ni los miembros del Tribunal, ni este sindicato conocían que había una demanda judicial interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la Administración General del Estado contra este proceso selectivo”.

Desde Satse “pensamos que ha habido ocultismo y que no se han atrevido a dar esta información por el momento electoral en el que estamos inmersos, pero la realidad es que esta suspensión cae como un jarro de agua fría a los miles de enfermeros que llevan años esperando que haya este examen y que les afecta no sólo por las circunstancias del momento sino también por sus circunstancias personales”.

Por último, el sindicato asegura que “es el tercer proceso selectivo de enfermería que se judicializa en Castilla y León tras producirse las transferencias sanitarias en 2001, lo cual deja clara la mala gestión de la Administración Sanitaria de esta comunidad y su actitud negativa hacia el colectivo enfermero”.

Reacción de Sáez Aguado

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha asegurado que no comprende qué interés general hay en la impugnación de la convocatoria de 554 plazas de Enfermería, una decisión "poco inteligente" que a su juicio ha tomado la Administración General del Estado.

El titular de Sanidad ha expresado su respeto a la decisión de paralizar el proceso, aunque no esté de acuerdo y ha explicado que hay pronunciamientos de otros tribunales superiores en sentido contrario, como en el caso de Andalucía o Asturias, donde se interpreta de manera diferente el artículo 70 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece en tres años el plazo máximo para convocar las plazas correspondientes a la oferta pública de empleo.

El consejero ha explicado que con la interpretación que hace la Administración General del Estado no hubieran podido convocar ni una plaza de enfermería y el ánimo de la consejería era conseguir el mayor número de plazas, aumentar la estabilidad y reducir la temporalidad entre estos profesionales, ya que las 554 plazas se corresponden por puesto ocupados por interinos, por lo que además no habría impacto en el gasto público, como argumenta la AGE en su impugnación.

Así, el consejero se ha preguntado qué beneficio hay para el interés público en la impugnación, ya que así no se permite consolidar empleo y dar estabilidad a los profesionales.  Desde el punto de vista particular, considera que se causa perjuicios a las miles de personas que hacían un esfuerzo al iniciar la preparación de las oposiciones. "No vemos que interés se ha pretendido salvaguardar, ni público ni particular", ha insistido.

A este respecto, Antonio María Sáez Aguado ha pedido disculpas a los opositores porque entiende su enfado, pero ha aclarado que la suspensión responde a la impugnación presentada por la AGE y la decisión cautelar.




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