Manuel Cascos, presidente de Satse.
El Sindicato de Enfermería,
Satse, ha denunciado que el intento de privatizar la sanidad pública, a través de la ‘farmacia comunitaria’, está mostrando la “verdadera cara” de los gobiernos autonómicos, unos a favor y otros en contra. Es por eso que exigen a las CCAA y a los diferentes partidos políticos que no ayuden a los empresarios farmacéuticos a detonar la “bomba de relojería” que supone este sistema para el mantenimiento sistema sanitario público.
Según ha criticado Satse en un comunicado, la
‘farmacia comunitaria' es "un buen indicador para demostrar si las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas apoyan la sanidad pública o si, por el contrario, son partidarias de que las empresas privadas sigan haciendo negocio a costa de la salud de los españoles".
Si se implanta la ‘farmacia comunitaria’, las responsables únicas y exclusivas serán las consejerías de Sanidad
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“Vemos, por un lado, que gobiernos como los de
Andalucía, Baleares o Extremadura (PSOE) no comparten la implantación de la ‘farmacia comunitaria' y están rechazando los intentos de llegar a acuerdos de los farmacéuticos, mientras que otros apoyan abiertamente sus intereses, y con ello el marcado carácter privatizador que conlleva, como es el caso del Gobierno de la
Comunidad de Madrid (PP), que ya ha aprobado incluso un proyecto de Ley, que está ahora pendiente de debatirse en la Asamblea”, señalan desde
Satse
Al respecto, la organización sindical recuerda, por ejemplo, que en Andalucía se ha iniciado la contratación de 527 enfermeras, 33 matronas y 69 fisioterapeutas para impulsar y fortalecer la atención sanitaria en los centros de salud y la atención domiciliaria, mientras que Madrid es la CCAA con menos profesionales de
Enfermería en Atención Primaria de toda España.
El Sindicato de Enfermería añade que el Ejecutivo madrileño, lejos de “imitar” el ejemplo de Andalucía, prefiere impulsar la empresa privada farmacéutica para que realice la atención sanitaria que ya desarrollan los médicos y enfermeros de la sanidad pública.
Si se implanta la ‘farmacia comunitaria’,
las responsables únicas y exclusivas serán las consejerías de Sanidad, insiste Satse, por lo que vuelve a reclamar a los Gobiernos autonómicos que no propicien acuerdos que dejen en manos de establecimientos comerciales privados, las oficinas de farmacia, "unos servicios asistenciales que ya prestan enfermeras y médicos si ningún coste añadido".
El Sindicato de Enfermería tiene serias sospechas de que el dinero que se destine a pagar a las farmacias por estos servicios asistenciales que no les competen se quite de las partidas destinadas en sus presupuestos a los profesionales sanitarios y, por tanto, las
plantillas de enfermeras y médicos se reduzcan y se siga deteriorando la sanidad pública.
En este sentido, Satse les reclama que "preserven la calidad y seguridad de la atención sanitaria que reciben pacientes y ciudadanos en general".
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