Las CCAA temen pagar solas el 'brindis al sol' del ratio enfermero por ley

Las comunidades autónomas se muestran "cautas" ante la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente, que ha contabilizado más de dos años de bloqueo y 83 prórrogas. Las regiones consideran que esta normativa, que pretende el establecer ratios de enfermeras en el Sistema Nacional de Salud (SNS), hace que las administraciones sanitarias sean actores principales en la aplicación de dicha normativa por lo que reclaman que se les tenga en cuenta en la ecuación dado que la aplicación de la misma "afectará directamente a la gestión de los recursos humanos y económicos de las consejerías". En esta línea, temen que la norma sea un 'brindis al sol' que terminen asumiendo en solitario las arcas autonómicas. 

Diferentes fuentes autonómicas destacan a Redacción Médica muestran su "preocupación" ante una ley que les afecta directamente en la gestión de los recursos sanitarios. Además, prosiguen, la norma levanta "más dudas que certezas" sobre todo en lo relacionado con la implicación monetaria al carecer de memoria de impacto económico. Y es que, esta normativa, que ha sido criticada por parte del sector sanitario por la falta de concreción económica para llevarla a cabo, se enfrenta también a la sombra de la inconstitucionalidad tal y como está redactada actualmente.

La Ley de Seguridad del Paciente establece que en los hospitales, como premisa general, haya un máximo de seis pacientes por cada enfermera, pudiéndose asignar hasta ocho. Por su parte, en los centros de salud, la asignación por cada enfermera no deberá superar nunca los 1.500 habitantes. España se sitúa en la octava peor posición en cuanto a ratio enfermera de toda Europa, por lo que debería contratar a 95.000 profesionales más para sortear el "déficit estructural" de profesionales que sacude al sistema sanitario, según el informe de ratios de 2022 del Consejo General de Enfermería (CGE).

Esta contratación masiva de profesionales de Enfermería iría a cargo de las comunidades autónomas y sus recursos económicos. Esta es la principal queja de las regiones, según explican a Redacción Médica, ya que la Ley de Seguridad del Paciente y las ratios que quiere implantar suponen "un importante impacto económico en las arcas de las administraciones autonómicas".

Cautela ante la tramitación de la Ley del Paciente

Aunque tampoco se oponen frontalmente al foro utilizado para su tramitación, alegan que el Congreso de los Diputados no es el lugar más adecuado para su debate y tramitación, al ser la sanidad una competencia en manos de las comunidades autónomas. Por el nuevo escenario que abriría esta Ley en gestión y organización de los Recursos Humanos en el ámbito sanitario, las regiones apuntan que se está avanzando sin contar con su opinión y sostienen que el foro más indicado para abordar esta cuestión sería el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), donde están representados tanto el Ministerio de Sanidad como las consejerías.

Solo hay una comunidad autónoma que goza de un nivel de enfermeras en su sistema sanitario equivalente al de la media que manejan el resto de países de la Unión Europea. Se trata de Navarra, con una ratio de 926 profesionales por cada 100.000 habitantes. La actual ratio que marcan el conjunto de los países miembro es de 827 enfermeras por cada 100.000 ciudadanos. Murcia se sitúa a la cola con un balance de 463 profesionales por la misma proporción.

Además, otro de los asteriscos que tiene el proyecto de ley de ratio enfermero es la sombra de la inconstitucionalidad por su redactado actual. Un informe independiente elaborado por la consultora KPMG apunta a que la redacción de la actual Proposición de Ley de ratios de enfermeras "podría declararse inconstitucional de aprobarse en estos términos", por lo que sugiere la retirada de la misma. Pone de manifiesto que la normativa presenta riesgo de vulnerar el reparto competencial Estado-comunidades autónomas, así como el derecho español a la libertad de empresa.