La ley de protección del menor, al rescate político de la enfermera escolar

El Consejo General de Enfermería (CGE) incide en que el anteproyecto de la ley orgánica para la protección de menores en entornos digitales, cuyo texto se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, debería involucrar a las enfermeras escolares y de Atención Primaria en los procesos de revisión periódica en búsqueda de detectar el uso compulsivo o incorrecto de las nuevas tecnologías en menores de 14 años. Y es que, de momento, el texto solo nombra al personal del servicio de Pediatría, al que se encomienda la labor de preguntar a los jóvenes por sus hábitos tecnológicos. 

Según ha indicado a Redacción Médica el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, "las enfermeras escolares y las enfermeras de Atención Primaria pueden detectar de primera manera cualquier problema relacionado con las tecnologías y el abuso de dispositivos entre los menores" al estar en "contacto directo con los más jóvenes". "Espero que durante el trámite parlamentario se modifique", ha respondido, en relación a la inclusión de estos grupos de enfermeras. Se prevé que la ley comience a tramitarse tras el verano.

Nuevos procedimientos y centros

A nivel sanitario, además de la revisión pediátrica, el texto incluye la creación por parte de los organismos autonómicos de procedimientos de atención para menores con adicciones sin sustancia, grupo del que forman parte aquellos que consumen abusivamente los contenidos ofrecidos por los dispositivos digitales. Estos se llevarían a cabo en los centros de salud mental con Unidades de Atención de Conducta Adictiva y en instituciones del ámbito destinadas al público infantil y juvenil. 

A su vez, el texto pretende impulsar la puesta en marcha de centros de atención a las conductas adictivas de menores de edad, en los que prestará especial atención a los afectados por adiciones sin sustancia. 

También aboga por la colaboración entre las consejerías de sanidad en el marco del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud para el desarrollo de estudios por franjas de edad y recomendaciones sobre cómo deben acceder los menores a las nuevas tecnologías.

Medidas en otros ámbitos

Por otro lado, el anteproyecto modifica determinados aspectos del Código Legal para proteger a los menores de los peligros de las nuevas tecnologías. Así, se penarán con hasta dos años de prisión el uso indebido de las 'deepfakes' y se considera agravante el uso de identidades falsas en delitos puntuales y la elevada difusión de contenidos íntimos de la víctima. Además, surge la figura de "la orden de alejamiento digital" para evitar la comisión de delitos.

El texto señala que los centros educativos tendrán la facultad para regular el uso de los dispositivos digitales en sus instalaciones. Asimismo, se fomentará la educación en ciudadanía digital mediante el desarrollo de actividades en las aulas con el fin de concienciar sobre conductas problemáticas derivadas del uso de las nuevas tecnologías. En relación con este último punto, el Ejecutivo, junto a las comunidades autonómas y municipios, impulsará la creación de una estrategia nacional. 

Se incorpora también la intención de lanzar una guía para el desarrollo de mecanismos para la verificación de edad más estrictos destinada a los proveedores de contenidos en el entorno digital. Es más, se fijan los 16 años como la edad permitida para abrir una cuenta en cualquier red social.

 En el caso de los fabricantes de dispositivos digitales, el anteproyecto de ley plantea que móviles, tabletas y otros aparatos cuenten de antemano con un control parental sencillo y gratuito y un etiquetado que alerte sobre los peligros que conlleva el uso de las nuevas tecnologías.