Las previsiones macroeconómicas hasta 2027 marcan el rumbo de las negociaciones entre Función Pública y sindicatos

El nuevo pacto salarial para la sanidad pública exigirá una determinada subida para contrarrestar la inflación
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.


19 oct. 2024 12:00H
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Ante la inminente caducidad del acuerdo salarial firmado en 2022, los sindicatos y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se han marcado el objetivo de sellar antes de que acabe el año un nuevo pacto para los trabajadores de la sanidad pública y, por extensión, para todos los empleados de las administraciones. A la espera de saber si el acuerdo llega a tiempo, los distintos análisis macroeconómicos de los próximos años permiten calcular que los sueldos sanitarios habrían de subir, como mínimo, cerca de un 6 por ciento para contrarrestar los futuros efectos de la inflación.

El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI fijó unos incrementos en las nóminas de la sanidad pública del 9,5 por ciento -que “en términos reales”, según el Ministerio de Hacienda, se eleva al 9,8 por ciento-. Los aumentos se dividieron entre fijos y variables. Por recordarlo una vez más: para 2022, el incremento fijo fue del 3,5 por ciento; para 2023, del 2,5 por ciento, y para 2024, del 2 por ciento, es decir, un 8 por ciento en total.

En cuanto a los variables, se estableció para 2023 un 0,5 por ciento más si la suma de la variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de 2022 y del IPCA adelantado de septiembre de 2023 superaba el incremento retributivo fijo acumulado de los dos años, y otro 0,5 por ciento si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) nominal era igual o superior a la estimación del cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Finalmente, para 2024 se incluyó un 0,5 por ciento adicional si la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado de esos tres años.

Todas esas variables ya se han cumplido, aunque aún falte por aplicar el último plus. En teoría, para ello es necesario conocer el dato oficial del IPCA de 2024, que llegará a primeros de 2025. Sin embargo, desde el Ministerio de Función Pública se empezó a deslizar que los empleados del ente público ya podrían empezar a cobrar ese plus antes de que acabe este año, lo cual suscitó el enfado de CCOO por las formas paralelas a la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco.

Previsiones de inflación para los próximos años


En su última actualización de proyecciones macroeconómicas, el Banco de España augura un incremento del IPCA del 2,1 por ciento en 2025 y del 1,8 por ciento en 2026. Es decir, que, en teoría, se mantendrá la progresiva tendencia a la bajada interanual de precios que se registra desde que, en 2022, el índice alcanzó un 8,3 por ciento.

Sin embargo, el Banco de España sólo avanza posibles datos a dos años vista, y si el nuevo pacto salarial se mira en el espejo del anterior, se firmará para tres años. Los expertos en la materia consultados por Redacción Médica coinciden en explicar que dar una previsión del IPCA anual de 2027 con tanta premura es, cuando menos, atrevido, especialmente en un contexto económico de inestabilidad como el que aún impera a nivel internacional.

Pese a ello, ya hay estudios en los que se expande el horizonte temporal del análisis. Este año, la estadounidense S&P Global Ratings, una de las tres agencias de calificación crediticia más grandes del mundo junto a Moody’s y Fitch Ratings, publicó un informe macroeconómico en el que se prevé para España una inflación del 1,8 por ciento en 2027, al mismo nivel que en la eurozona. Las cifras que vaticina la agencia para 2025 y 2026 a nivel español prácticamente coinciden con las apuntadas con el Banco de España.

Tomando como referencia este informe y las previsiones de la institución gobernada por José Luis Escrivá, el Acuerdo Marco para el periodo 2025-2027 habría de asegurar para la sanidad pública una subida salarial, como mínimo, del 5,7 por ciento, independientemente de si se pacta como incremento fijo repartido entre los tres años o si se divide entre aumentos fijos y ligados a las circunstancias económicas, en cuyo caso el crecimiento retributivo sería mayor.
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