La guerra arancelaria se 'cuela' en el escenario del pacto salarial del SNS

Donald Trump ha comenzado su nueva era al frente de la Casa Blanca como se esperaba: haciendo ruido, entre otros ámbitos, en el comercio internacional. Aunque el presidente republicano suspendió los aranceles anunciados para Méjico y Canadá, no hizo lo propio en el caso de China, lo cual ha conllevado la consiguiente réplica de Pekín. A ello se sumaron posteriormente los gravámenes del 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio, vengan de donde vengan, y también los "aranceles recíprocos" a la Unión Europea como represalia a las aplicaciones de IVA .Más allá de las posibles medidas que tome Europa al respecto, lo cierto es que esa guerra comercial genera, cuando menos, un escenario de incertidumbre que, entre otras cosas, podría acabar afectando a las previsiones de inflación. Y ello con la negociación del nuevo pacto salarial para la sanidad pública española en los próximos años todavía pendiente.

Las últimas previsiones del Banco de España, que datan de diciembre, hablan de un Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) del 6,2 por ciento acumulado entre 2025 y 2027. Ese, en principio, es el nivel de incremento salarial sanitario que, como mínimo, habrían de acordar el Ministerio de Función Pública y los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación las Administraciones Públicas. Tras un primer encuentro en diciembre, ambas partes se emplazaron a un nuevo encuentro en enero, aunque la hoja de ruta prevista avanza de forma más lenta de lo esperado por los sindicatos. Y lo cierto es que el escenario económico no es exactamente el mismo que hace un mes.

Impacto de la política arancelaria en la economía española

A primeros de febrero, la Cámara de Comercio de España alertó de los riesgos derivados del uso de aranceles como “herramienta política” más que económica: “Trump utiliza los aranceles no tanto para proteger su industria nacional, sino como un instrumento de negociación en otros ámbitos políticos y comerciales. Este enfoque introduce una gran incertidumbre para los países afectados”, señaló el director del Servicio de Estudios de la Cámara, Raúl Mínguez, en un comunicado.

En cualquier caso, la institución llamó a la calma asegurando que la posible imposición de aranceles a la Unión Europea tendría un impacto “limitado” en España: “Nuestro país tiene una exposición menor que la de otros socios comunitarios como Italia, Alemania o Francia”, detalló. Ese análisis fue anterior al anuncio de Trump de los aranceles al acero y al aluminio. Aunque, “a priori”, un incremento arancelario uniforme “no sería tan lesivo para España”, según la Cámara, si el aumento discriminara por países o bloques sí que se podrían modificar “sustancialmente” los precios de las exportaciones nacionales al gigante norteamericano.

La Unión Europea ya ha anunciado contramedidas “firmes y proporcionadas” a los nuevos gravámenes norteamericanos. “Siempre protegeremos nuestros intereses frente a medidas injustificadas en base a nuestros valores, y ese momento ha llegado”, dijo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en el pleno del Parlamento en Estrasburgo. En cualquier caso, los ministros europeos del ramo apostaron el pasado miércoles por la “unidad” y el diálogo como principal -y momentánea- estrategia al pulso comercial con Estados Unidos.

En este contexto de incertidumbre, sí que existen voces expertas en la materia que ya hablan de que la nueva coyuntura comercial podría afectar a las previsiones nacionales de inflación. Sería entonces cuando el quid arancelario cobraría relevancia en la mesa de negociación del nuevo pacto salarial de la sanidad.

Negociación del nuevo pacto salarial sanitario: última hora

Según las fuentes del diálogo social consultadas por Redacción Médica, el Gobierno aún no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta en firme. Desde la otra parte, cada sindicato maneja sus propios estudios económicos en base a los cuales calcular cuánto habrían de subir las nóminas de los profesionales de la sanidad pública en los próximos años, aunque hay otros aspectos que abordar más allá de las cifras.

El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que trajo consigo un aumento salarial del 9,8 por ciento para la sanidad pública -aún queda por hacer efectivo el último 0,5 por ciento, aunque ya se cumplió el condicionando económico pactado para ello-, estuvo vigente entre 2022 y 2024. Sin embargo, no es seguro que el nuevo acuerdo se firme otra vez para tres años. Ya hay sindicatos que han planteado la posibilidad de que el pacto sea bianual.

Otra cuestión relevante tiene que ver con la obligatoriedad de que los acuerdos salariales, más allá del documento con las firmas del Gobierno y los sindicatos, tengan que verse reflejados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder hacerse efectivos. La prórroga de las cuentas generales de 2023 ya trajo consigo en 2024 un retraso de más de medio año en la aplicación de pluses salariales. El incremento fijo del 2 por ciento tendría que haberse hecho efectivo el 1 de enero, pero, sin un nuevo texto de presupuestos, Función Pública tuvo que recurrir a un Real Decreto-ley para aprobarlo a finales de junio, aunque tuviera carácter retroactivo.

Para evitar una situación similar de aquí en adelante, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades con las que se está encontrando el Gobierno, desde CCOO ya se ha propuesto que la aplicación de los aumentos en las nóminas no tenga que vincularse a las leyes de PGE. Ambas partes -Función Pública y sindicatos- volverán a verse las caras este lunes.