Los informes psiquiátricos pueden frenar órdenes europeas de detención

Los informes psiquiátricos son una justificación válida para frenar una orden de detención europea entre diferentes países miembros. El Tribunal Europeo de Justicia Europea (TJUE) ha dado la razón a un sospechoso que había sido localizado en Italia, pero sobre el que pesaba una petición formal de arresto desde Croacia. El implicado había presentado varios documentos médicos alegando que las patologías diagnosticadas de salud mental dificultaban su traslado a su país de origen.

Los documentos presentados por la defensa del sospechoso han demostrado que padece un trastorno psicótico que requiere de un tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico. Mientras que existe un “riesgo importante de suicidio” en caso de que se produzca un encarcelamiento. Unas condiciones que ha valorado el tribunal, presidido por Koen Lenaerts, en su sentencia.

“Cuando existan razones fundadas para considerar que la entrega de una persona buscada, en virtud de una orden de detención europea, pondría en peligro manifiesto su salud, la autoridad judicial de ejecución podrá, excepcionalmente, suspender temporalmente esta devolución”, ha concluido la institución judicial comunitaria.

La Gran Sala del Tribunal de Justicia ha explicado que cuando las autoridades consideren que existen “motivos graves y probados” para creer que la entrega expondrá al detenido a una reducción de su esperanza de vida o a un deterioro “rápido, significativo e irremediable” de su estado de salud, deberá comunicarse con el tercer país para valorar las posibilidades de “prevenir” cualquier riesgo.

En caso de que el riesgo no pueda eliminarse en un “plazo razonable” de tiempo, el país deberá negarse a ejecutar el arresto europeo. Mientras que en el caso de que estas condiciones puedan terminar revertiéndose, se deberá acordar con la autoridad judicial una nueva fecha de entrega para el acusado.

La normativa europea sobre detenciones y salud

El TJUE ha apuntado en su exposición que los países deberán valorar los motivos recogidos en la Decisión Marco 2002/584 relativa a las órdenes de detención europeas y a los procedimientos de entrega entre países miembros. “La denegación de la ejecución se concibe como una excepción que debe ser objeto de una interpretación estricta”, han remarcado.

En este sentido, la Gran Sala ha recordado que los estados miembros deben cumplir con el principio de confianza mutua y de reconocimiento mutuo a la hora de valorar una detención de este tipo. Algo que consideran que tiene una “importancia fundamental”, ya que ambos conceptos permiten la “creación y mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores”.

Sobre el sospechoso que se ha posicionado la sentencia pesaba una orden de detención emitida por el Tribunal Municipal de Zadar, que había acusado al implicado de un delito de posesión de estupefacientes con fines de distribución y venta cometido presuntamente en el transcurso de 2014, pero actualmente el sospechoso reside en Italia.