Europa ratifica que las sanitarias embarazadas pueden despedirse en un ERE

Estar embarazada no te protege de un despido colectivo. Así lo ha asegurado este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha aclarado en una sentencia que una mujer embarazada puede perder también su empleo en un proceso de despido colectivo. Una sentencia que podría ser extrapolada a las sanitarias pertenecientes a hospitales concertados y que no sean de autoridad pública cien por cien. 

La corte con sede en Luxemburgo advierte que si la decisión de poner fin al contrato de una trabajadora tiene que ver con su embarazo entonces sí, el despido es ilegal. Pero si este forma parte de un proceso a mayor escala y tiene motivos justificados, puede producirse durante la gestación o el permiso de maternidad.  Aunque la situación es ciertamente peculiar en la sanidad española, la sentencia se podría extrapolar a las sanitarias embarazadas que fueran despedidas durante un ERE. 

Esta decisión llega por el caso de una trabajadora embarazada, J. P. G., que fue despedida durante la regulación de empleo de Bankia en 2013. El caso había llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que había formulado cinco preguntas a los jueces europeos y hoy ha llegado la respuesta. "Una decisión de despido que se haya tomado por razones esencialmente relacionadas con el embarazo de la trabajadora es incompatible con la prohibición de despido [de las normas comunitarias", empiezan recordando que los jueces.

En este sentido, el TJUE apunta la salvedad en esta sentencia que "en cambio, una decisión de despido que se haya tomado, durante el período comprendido entre el comienzo del embarazo y el final del permiso de maternidad, por razones no relacionadas con el embarazo de la trabajadora no es contrario a la directiva europea sobre seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas de 1985 si el empresario comunica por escrito motivos justificados de despido".

Varios antedecendentes en la sanidad española

Precisamente, en el año 2011 el hospital Sant Pau de Barcelona realizó un ERE que afectó a más  de 900 médicos, enfermeras y trabajadores. El hospital, gestionado conjuntamente por la Generalitat, el Ayuntamiento y el Arzobispado, presentó un déficit de más de 10 millones de euros. Otro de los ERE más sonados en Cataluña fue el del hospital Espíritu Santo, centro concertado y gestionado por la Generalitat y el Arzobispado de Barcelona. Este pactó en el mismo año un ERE temporal de 25 días para los 830 empleados que tiene en plantilla. 

Así mismo, el Hospital de la Reina de León planteó un ERE en 2010 que pretendía despedir al 30 por ciento de su plantilla. Finalmente, un acuerdo entre el Sacyl y el centro evitó la aplicación de los despidos.