Europa investiga un sobrecoste en la compra de batas por Sanidad

La Fiscalía Europea investiga un sobrecoste en la adquisición de batas por parte del Ministerio de Sanidad. El ente ha abierto una investigación sobre si el Ministerio pagó 11 millones por 500.000 productos de protección que realmente valdrían uno. Los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y malversación de fondos comunitarios y se produjeron durante la etapa de Salvador Illa como ministro de Sanidad.

La información, avanzada por el diario ABC, indica que los organismos comunitarios han reclamado esta investigación al verse inmiscuida en el pago, del que se desconoce a dónde fue a parar una parte del importe. Las pesquisas arrancarían en la empresa Weihai Textile Group, donde se habrían adquirido "por un precio que sería notoriamente superior al de mercado por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad".

El precio unitario por bata desechable fue de 16,7 euros por cada uno de estos equipos de protección que debía abonarse por adelantado, aunque la entrega se retrasara a abril cuando la operación fue aprobada el 26 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia en España. En la denuncia elevada desde el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, en esas fechas había otras dos empresas que suministraban productos como los adquiridos por Sanidad que en lugar de casi 17 euros costaban entre 0,28 y 0,33 céntimos de euro cada unidad.

Opacidad del contrato

Además, sobre el contrato, a pesar del rigor de cumplir con la forma en la documentación y las condiciones para acceder a la contratación pública, en este no aparece en ningún momento "cualquier circunstancia sobre la sociedad, incluso su domicilio, reflejándose únicamente que estaría ubicada en España".

"Así consta en la publicación en el BOE de 28 de abril de 2020 del anuncio de formalización del contrato. Sin embargo, examinando el expediente digital enviado, resulta patente que la Administración conocía todos los datos identificativos de la sociedad", relata la Fiscalía Europea ante la falta de información.

Por último, otro detalle es que el organismo encargado de rubricar el contrato fuera el Ministerio de Sanidad, ya que es algo poco común porque era Ingesa la encargada de realizar las operaciones. Sobre el destino de una parte del importe hay dudas ya que, como explica el periódico, se añade una cuantía sin justificar de 11.034.969,49 euros pactado, ya que el precio ofrecido por Weihai era de 8.243.640.83 euros por las batas más un IVA de 1.768.964,58, a lo que habría que añadir un total de 842.364,08 euros en conceptos de "tasas, aranceles y otros 10 por ciento". La Fiscalía Europea señala que "no consta en la memoria justificación, aclaración o soporte documental alguno sobre este último importe no permitiendo, por tanto, determinar qué concretos servicios se incluían en ese pago".