Supremo y Fiscalía cuestionan la Ley de Colegios vasca

Redacción. Madrid
El Tribunal Supremo ha decidido plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el inciso inicial del artículo 30.2 de la Ley del Parlamento Vasco 18/1997 de 21 de noviembre, de los Colegios Profesionales del País Vasco, que señala que  “tal requisito no podrá ser exigido a los profesionales vinculados con la Administración pública mediante relación de servicios regulada por el Derecho administrativo o laboral”.

Tribunal Supremo.

La parte recurrente, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya, alegó que no considera necesario plantear aquella cuestión, por "economía procesal puesto que el Tribunal Constitucional ya ha resuelto dos asuntos idénticos a la cuestión que se plantea en el presente recurso de casación".

A su vez, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco expuso que es prioritario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues, a su juicio, es necesaria una interpretación del artículo 30.2 de la Ley del Parlamento Vasco, "que no adopte una perspectiva puramente competencial y que analice, por el contrario, la normativa estatal a la luz de los principios comunitarios”.

Por su parte, el Fiscal reconoce  elementos de duda acerca de la constitucionalidad de la norma cuestionada, dado que su ámbito material de aplicación y las consecuencias de ésta presentan a primera vista similitud con los supuestos que se resuelven en las sentencias que aparecen citadas en el auto. De tal manera que entiende que  “existen razones suficientes, a la vista de lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución para elevar la referida cuestión al Tribunal Constitucional”.