El Gobierno quiere frenar año y medio las demandas de los interinos

El Gobierno quiere ganar tiempo ante la previsible avalancha de demandas de trabajadores eventuales para que se les reconozca su derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado en caso de despido, tal y como indicó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un objetivo que aspira a conseguir a través del recurso de casación que la Abogacía del Estado ha presentado ante el Tribunal Supremo tras la sentencia del TSJM que le reconocía el citado derecho a una interina del Ministerio de Defensa. “Estos procesos suelen alargarse un año y medio”, asevera el jurista Fabián Valero.

Es el plazo que el Gobierno tiene para aprovechar a hacer modificaciones legales que no le supongan un agujero en las arcas públicas traducido en todas las indemnizaciones que tendría que empezar a pagar, sobre todo en Sanidad y Educación, los dos sectores de la Administración donde más abundan los contratos temporales. “Desde bajar las indemnizaciones de los fijos a 15 días para que se les reduzcan también a estos hasta a ampliar los plazos para cubrir las plazas; las modificaciones que legalmente se pueden hacer son muchísimas, lo que está claro es que vamos a ver un recorte de los derechos laborales”, afirma el citado experto.

Claro que para que todo esto se produzca el Supremo tiene que admitir a trámite el mencionado recurso, lo que se consigue con la sentencia en cuestión más otra en firme que plantee lo contrario en un caso idéntico. En este sentido, hay algunas que dan 12 días por año trabajado, que es lo estipulado para contratos temporales. Sin embargo, Valero aclara que como la referencia ha de ser el fijo comparable y este cobra 20 días, el eventual también se ve sometido a eso. Este hecho hace que el letrado se decante por la intencionalidad gubernamental de ganar tiempo para acometer las reformas oportunas.

En una reciente entrevista a Redacción Médica, Luis Ángel Garrido Bengoechea, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, explicaba que los eventuales tienen “un año para hacer sus reclamaciones” y que estas las pueden extender “a todos los años que han estado trabajando, que en muchos casos son hasta diez, doce o catorce años”. Así, los cálculos de los magistrados auguraban un ‘roto’ a las arcas públicas de más de 4.000 millones de euros en indemnizaciones que se empezarían a demandar en los TSJ autonómicos “en unos cuatro o cinco meses”.