Canadá retira permisos de residencia a quien abuse de su sanidad pública

La actual ley canadiense sobre la inmigración y protección de los refugiados prohíbe otorgar la residencia permanente a quienes sean susceptibles de hacer un amplio gasto de la sanidad o los servicios sociales. Según recoge el diario El País, el pasado 13 de diciembre se presentó en el parlamento un informe que mencionaba que la legislación actual "no está en sintonía con los valores canadienses", de manera que aconseja una reforma de la misma. 

Los datos recogidos en el texto señalan que cada año se ahorran 135 millones de dólares canadienses -unos 88 millones de euros- por esta disposición, lo que supone un 0,1 por ciento del total de gasto sanitario. Además, entre 2013 y 2016 se denegaron 3.960 solicitudes, aunque tras pasar la reevaluación se quedaron en 1.444. Las causas más frecuentes suelen ser la insuficiencia renal crónica, deficiencias intelectuales y VIH. 

El propio ministro de Inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá había señalado previamente la intención del Gobierno de Justin Trudeau de modificar la ley para lograr reducir en un 80 o 90 por ciento el número de solicitudes de residencia rechazadas. 

Según el diario, si un individuo supera los 6.655 dólares canadienses al año -en torno a 4.000 euros- en gastos sanitarios, se le podrá negar la solicitud. Ante esta situación, el Consejo de canadienses con discapacidad ha señalado en distintos foros que los puntos de la ley actual son discriminatorios, ya que son contrarios a la Carta canadiense de derechos y libertades y a la Convención de Naciones unidas en lo que se refiere a personas con discapacidad.