Redacción. Sevilla
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado en el Pleno del Parlamento que los presupuestos de la Junta para 2016 en materia de dependencia, que ascienden a unos 1.160 millones de euros, tendrán un incremento del 2,5 por ciento respecto a 2015, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de la Junta de alcanzar un incremento del 10 por ciento a lo largo de la presente legislatura.
María José Sánchez Rubio.
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Para la consejera, el Gobierno andaluz garantiza así la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía “pese a que los recortes del Gobierno de España han supuesto que la comunidad andaluza haya dejado de percibir un total de 508 millones de euros para la financiación de este servicio en esta legislatura”.
Sánchez Rubio ha recordado que según las propias certificaciones emitidas por el Imserso, el Gobierno andaluz viene aportando el 78 por ciento de los recursos frente al 22 por ciento del Estado, pese a que la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia fija en un 50 por ciento la aportación estatal.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha señalado en la Cámara que “todas las medidas adoptadas por el Gobierno de España no han sido más que medidas de ajuste dirigidas a reducir el gasto que han mermado, cuando no eliminado, los derechos de las personas”.
Entre ellas, Sánchez Rubio ha detallado la revisión del calendario de aplicación; la moratoria en la incorporación de los dependientes moderados; la eliminación del sistema de altas en la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales así como la bajada de las cuantías de las prestaciones económicas previstas en el sistema; el avance en la aplicación efectiva del copago, la incompatibilidad entre prestaciones del sistema que actualmente son compatibles o la fijación de un menor nivel de intensidad de los servicios.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha reiterado que todas estas medidas “han significado un ahorro para el Gobierno de España, pero para Andalucía han supuesto un esfuerzo adicional, por lo que hemos puesto en marcha medidas para paliar las consecuencias de estos duros recortes, como minimizar el impacto de la reducción en un 15 por ciento aprobada por el Gobierno central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, o que en Andalucía se puedan tener hasta tres prestaciones, porque hicimos compatible la ayuda a domicilio, por ejemplo, con la unidad de estancia diurna y con la teleasistencia”.
“Nuestro compromiso es claro, no como el del Gobierno central. A pesar del incremento en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 con respecto a 2015, el Estado habrá dejado de invertir durante sus cinco presupuestos 2.800 millones de euros en políticas de servicios sociales; en 2016 se invierte un 17 por ciento menos que en 2011”, ha concluido Sánchez Rubio.
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