La Fiscalía de Jaén urge a Junta y Ayuntamiento a solventar el conflicto por el servicio de atención domiciliaria

Redacción. Jaén
La Fiscalía de Jaén ha concluido que el Ayuntamiento de la capital jiennense es “responsable de la prestación del servicio de asistencia domiciliaria con independencia de la validez o no de la denuncia del convenio firmado con la Junta de Andalucía”, al tiempo que ha instado a la Administración regional a que, “a la mayor brevedad, ponga en marcha los mecanismos financieros necesarios para que se abone al Ayuntamiento las cantidades adeudadas como consecuencia de la prestación del servicio”.

María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía.

Son dos de los acuerdos de una propuesta de decreto rubricada con fecha de este miércoles por el fiscal Cristóbal Fábrega, de la Sección Civil y de Protección a las Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Jaén, después de que dicho organismo abriese de oficio un expediente informativo tras conocer la decisión del Consistorio de denunciar el convenio en materia de dependencia suscrito con la Junta.

De esta manera, el fiscal, a través de dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, ordena comunicar esa decisión “a la Delegación de la Consejería de Salud y Bienestar Social y al Ayuntamiento de Jaén”, al tiempo que pide “archivar provisionalmente el presente expediente para la adopción de las medidas judiciales que sean pertinentes en el caso de que no se resuelva la situación y ello dé lugar a la conculcación de algún derecho fundamental”.

Para justificar sus conclusiones, el Ministerio Fiscal alude al propio convenio denunciado, en cuyo punto octavo, según detalla, “se reconoce que el servicio es competencia de las corporaciones locales”, algo que, según agrega, “fue reconocido por el Ayuntamiento de Jaén con su firma”. Además, añade que el convenio “sólo establece los mecanismos de financiación que corresponden a la Junta de Andalucía, por lo que su incumplimiento no puede suponer en ningún caso la dejación del servicio por la entidad responsable, sin perjuicio que ésta realice las denuncias políticas y las acciones jurídicas que considere conveniente para su cobro”.

El Ministerio Público también se apoya, entre otras normativas, en la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía y la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, además de en la Orden de 15 de noviembre de 2007 por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma Andaluza.

No valora si la denuncia se hizo a tiempo

Por otra parte, la Fiscalía “no entra a considerar si la denuncia del convenio está o no realizada dentro de plazo, por no ser trascendente a los efectos que nos ocupan”, si bien apostilla que “sorprende que el informe del secretario general del Ayuntamiento de Jaén sólo haga referencia a este aspecto y no al estudio de qué institución pública tendría la responsabilidad de la prestación y ejecución del servicio con independencia de quién correría con el gasto del mismo, sobre todo por la trascendencia que ello supone”.

Como recuerda el propio fiscal, esta propuesta de decreto se emite después de que el Ministerio Público incoase un expediente informativo tras conocer, el pasado 20 de noviembre, “a través de los medios de comunicación”, la “decisión del Ayuntamiento de Jaén de dejar de prestar el servicio de asistencia a domicilio a partir del 4 de diciembre de 2013 como consecuencia del impago por parte de la Junta de Andalucía de los fondos necesarios para cubrir los costes del mismo”.