IU pide al Gobierno explicaciones sobre el informe del Tribunal de Cuentas

Redacción. Madrid
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha exigido al Gobierno central explicaciones sobre el “supuesto” pago de ayudas a la dependencia a las comunidades autónomas por 30.000 beneficiarios ya fallecidos. El diputado asturiano quiere conocer si el ministerio de Sanidad avala la afirmación del Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha con motivo de la reunión del Consejo Territorial del SAAD, que según el mencionado informe habrían sido “estafados” unos 140 millones de euros.

Gaspar Llamazares.

El diputado advierte en las preguntas por escrito al Gobierno de que el Tribunal de Cuentas afirma en una nota oficial que “en ningún caso” puede deducirse que de sus trabajos de fiscalización de los servicios de dependencia que hasta 2011 había 30.000 fallecidos en toda España a los que se abonaba inadecuadamente este tipo de ayudas. A juicio de Llamazares ese “supuesto informe” del Tribunal no es sino un anteproyecto que se encuentra en fase de alegaciones y, por tanto, ni siquiera ha sido entregado al Congreso de los Diputados ni tiene carácter definitivo. En ese anteproyecto, el Tribunal apunta a una ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización.

Ante esta situación, el diputado asturiano pregunta si existe ese “informe” del Tribunal de Cuentas o se trata de un anteproyecto sujeto a alegaciones y que aún no ha sido entregado al Congreso de los Diputado, si conoce el Gobierno las protestas de varias comunidades autónomas contra la acusación formulada por el consejero de Castilla la Mancha y si piensa el Gobierno desmentir esa información como ya hicieron varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias.

El diputado entiende que si el Gobierno no desmiente esa “falacia”, se puede interpretar que este tipo de “intoxicaciones sólo persigue el descrédito” de la Ley de Dependencia y la “justificación de los recortes a que está siendo sometida su aplicación”. Frente a esa posición del Gobierno, Llamazares advierte de que la “única verdad que se contrasta con las cifras es la drástica reducción de la aportación del Estado a la aplicación de la Ley de Dependencia”.