El PSOE ‘dará la batalla’ contra los cambios que el PP murciano quiere incluir en la dependencia

Redacción. Murcia
El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha afirmado que, con la presentación de la Proposición de Ley de Medidas en Materia Tributaria, de Sector Público, de Política Social y otras Medidas Administrativas, que puede ser aprobada este jueves en la Asamblea Regional con los votos del Grupo Popular, "el PP da un golpe mortal a la Ley de Dependencia, además de que es una de las leyes más injustas de las que ha presentado en sus 18 años de gobierno en la Región".

Rafael González Tovar y Begoña García Retegui.

González Tovar se dirigió a "los miles de personas dependientes en la Región, y a sus familias", para asegurarles que "cuando gobernemos, el PSOE anulará de un plumazo los injustos recortes que el PP está aplicando en sus derechos y en sus prestaciones".

"Los socialistas no nos vamos a cruzar de brazos ante este atropello y este maltrato a las personas dependientes y discapacitadas de la Región, vamos a dar la batalla hasta el final con todos los medios a nuestro alcance", señaló. "El Gobierno regional pretende dejar sin ayudas y quitar servicios a los que tienen derecho a miles de dependientes, y quiere además quedarse hasta con el último euro de las personas que están ingresadas o en un centro de día", añadió.

Ley-trampa

"Es una ley trampa, que no da ayudas para cuidadores familiares porque les dice a los dependientes que van a ir a un centro, y resulta que faltan plazas en centros para al menos 18.000 personas", insistió.

Al hilo, el líder socialista recordó que con el anterior Gobierno socialista, que puso en marcha la Ley de Dependencia, 800.000 personas dependientes ya se habían beneficiado en toda España, 50.000 de ellas en la Región -que podrían ser ya 70.000 si no fuera por los recortes y el retroceso que le está imprimiendo el PP-. "Se crearon más de 300.000 puestos de trabajo, de ellos 15.000 en nuestra Comunidad. Y se dio cobertura en la Seguridad Social a más de 160.000 personas como cuidadores familiares, de ellos 7.000 en la Región de Murcia, que han perdido ese derecho con el Partido Popular", manifestó.

En su opinión, "las verdaderas intenciones del PP son las de acabar poco a poco con la Ley de Dependencia, una Ley que nunca les gustó".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, explicó que esta semana se están debatiendo en la Asamblea Regional las enmiendas que el PSOE ha presentado, incluida la petición de derogación de toda la Proposición de Ley.

Retegui puso de manifiesto que los requisitos que ahora quiere exigir el Gobierno regional para el copago y otros ámbitos son "prácticamente imposibles de cumplir por las familias", y además "una vez que los cumplan, no van a cobrar inmediatamente de la Administración, sino que se les impone un nuevo plazo de espera de 30 meses adicionales.

"Por no decir que también se incumple la Ley de Procedimiento Administrativo común al exigirle a las familias y a los dependientes que presenten documentos que ya tienen presentados ante la Administración, y al imponer una retroactividad injusta, ya que en la mayoría de los casos (12.000 pendientes en la Región) los ciudadanos han cumplido todos los requisitos, y es la Administración la que ha incumplido los plazos legales", añadió.

Ni un informe jurídico

Aparte de todo esto, la Proposición de Ley del PP se ha presentado en la Asamblea Regional sin informe de Impacto, sin Memoria Económica y sin un solo informe jurídico.

Entre los efectos que tendría esta norma, de aprobarse el jueves, Retegui puso como ejemplo que los ciudadanos dependientes tendrían que pagar el 100% de los servicios que ocupan. "Si una plaza cuesta 1.500 euros y la pensión de la persona que la ocupa es de 700 euros, esta persona irá generando una deuda mensual de 800 euros -la diferencia-, deuda que luego se ejecutará en el momento que quiera la Administración sobre los bienes de esa persona, o, si fallece, sobre la herencia que haya dejado.

"Las organizaciones de afectados, sociales y sindicales nos han pedido que demos la batalla, y lo vamos a hacer, vamos a acudir a todas las instancias, al Defensor del Pueblo la primera", finalizó.