El Congreso aprueba realizar un estudio que evalúe el cumplimiento de la Ley de Dependencia

David García. Madrid
El Congreso de los Diputados ha acordado, con los votos del PP, realizar un estudio sobre lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley de Dependencia, una vez finalizado su periodo de implantación, “con el objeto de que sus conclusiones sienten las bases para modificar aquellos aspectos que se evidencien como mejorables y poder sentar las bases de trabajo posterior, de acuerdo con el resto de grupos políticos y agentes involucrados”.

Macarena Montesinos, diputada del PP.

Se trata de una Proposición No de Ley a iniciativa del PP que ha defendido en la tribuna de la Cámara Baja la diputada popular Macarena Montesinos, que considera que con la realización de este estudio se deben poner encima de la mesa todos los “problemas, carencias, retos” y también cuáles son “las debilidades, también de financiación”.

Según Montesinos, el desarrollo de la Ley de Dependencia ha dado lugar a “17 sistemas diferentes” y ha tenido algunas carencias como que hubiera 300.000 personas en lista de espera, que hubiera fallecidos como beneficiarios o que se destinaran 234 millones de euros menos en el último año del Gobierno de Zapatero.

La diputada ha detallado que este estudio debe realizarse ahora ya que el 1 de julio se incorporan 300.000 nuevos dependientes moderados.

Rechazo general de los grupos de la oposición

Los grupos parlamentarios de la oposición se han posicionado en contra de la aprobación de esta PNL e incluso la han considerado electoralista.

“El planteamiento debería haberse hecho en otro momento de la legislatura, no a cinco meses de las elecciones”, ha dicho Carles Campuzano, de CiU, que ha acusado al Gobierno de haber abandonado de manera “efectiva” de la dependencia y le ha afeado que “son las CCAA y los usuarios con los copagos los que sostienen la dependencia”.

Por su parte, la socialista Guadalupe Martín ha espetado al PP que “defiende lo indefendible” y ha supeditado el voto favorable de su grupo a la incorporación de una enmienda que aclarara cómo, cuándo y quién debía hacer la evaluación planteada. Finalmente, el PP ha anunciado que “ha sido imposible ponerse de acuerdo” para incorporar esa enmienda por lo que el PSOE votaría en contra.

Desde el BNG, su portavoz Rosana Pérez, ha acusado al Gobierno de ocultar que hay 1.500 millones de euros menos de aportación a las comunidades en materia de dependencia y que “no hay rastro de los cien mil dependientes reconocidos que han muerto esperando la ayuda”. “Estudio sí pero dotación económica también”, ha declarado Pérez.

Teresa Jordá, de ERC, o Caridad García, de IU, también se han mostrado muy duras con el PP y han tachado esta propuesta de electoralista, además de que no define los plazos de presentación de resultados.

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