Redacción. Madrid
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se ha sumado al debate suscitado a raíz de las medidas incluidas por el Gobierno en el Plan Nacional de Reformas y en la Actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016. En su opinión, “aplicar nuevos recortes al despliegue de la Ley de Dependencia supondría la defunción de esta modalidad de protección social”. Además, lamenta que desde que se pusiera en marcha la ley, “hace casi 7 años”, la “falta de voluntad política y el desencuentro entre las distintas Administraciones” no ha permitido que la norma satisfaga “las necesidades para las que surgió”.
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi. |
“Someter al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia a nuevas medidas de contención y ahorro sería darle el golpe de gracia y frustrar de este modo la legítimas expectativas de atención de cientos de miles de personas mayores y personas con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual”, continúa en su comunicado la institución que preside Luis Cayo Pérez Bueno.
De hecho, más que recortes el Cermi considera que es el momento para que todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta los autonómicos, junto a las fuerzas políticas y los sectores sociales de mayores y discapacidad, suscriban un gran pacto “para salvar la Ley y el Sistema, que permita alcanzar las previsiones con las que surgieron, y que les dote de estabilidad institucional y financiera, dejándolas fuera de las tensiones económicas del momento”.
“Recortar más la Ley constituiría un gran fracaso social, un acto fallido del Estado y de la sociedad en su conjunto, que significaría dejar a su suerte, en un momento crítico, a los segmentos más vulnerables en términos de derechos y bienestar del país”, concluye.