“El 40% de los beneficiarios se han incorporado al Sistema de Dependencia desde 2011”

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Cristina Cebrián
El director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), César Antón, ha señalado a Redacción Médica que el ritmo de incorporación de beneficiarios al Sistema de Dependencia es “uno de los síntomas de que sigue vivo y vigente”. Reconoce que desde julio trabajan para elaborar un Pacto Sociosanitario y ya cuentan con un  documento que establece un marco de acuerdo básico con las comunidades.

César Antón.

¿El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es sostenible? ¿Cuáles son las magnitudes a cierre de este año?

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia está avanzando hacia su sostenibilidad presente y futura, gracias a las medidas que tomamos de acuerdo con las comunidades autónomas en julio de 2012, en el Consejo Territorial. Dentro de esas medidas de mejora, se han mantenido los derechos de las personas reconocidas como dependientes. El marco legal es el mismo y la financiación no ha variado respecto a normativas anteriores.

Antón valora la sostenibilidad del Sistema de Dependencia.

La incorporación de nuevos beneficiarios a recibir prestaciones era una de las prioridades y con datos de noviembre, podemos señalar que se han incorporado 282.000 nuevas personas que pasan a ser beneficiarias con prestación desde 2011. Eso significa que el sistema sigue incorporando beneficiarios. A finales de noviembre son unas 730.000 las personas beneficiarias con prestación, lo que supone que casi el 40 por ciento de los mismos, se han incorporado al sistema en estos tres últimos años.

Otra de las preocupaciones son las personas pendientes de recibir la prestación. Cuando llegamos había 305.000. El 29 por ciento de las personas que tenían percibirla estaban esperando. Nos sigue preocupando que en la actualidad haya 167.000, a finales de noviembre, pero son 139.000 menos, es decir un 45 por ciento menos.

Si además de atender, se puede generar empleo es importante. No estamos en contra de la prestación en el entorno familiar, pero queremos que, como refleja la ley, sea excepcional y se cumplan los requisitos, ayudando al cuidador. Casi tres puntos porcentuales han aumentado la prestación de servicios profesionales sobre los familiares. Hemos pasado de tener el 58,5 por ciento de los servicios profesionalizados, frente al 54,6 que había en 2011. 

Actualmente, hay 353.429 profesionales de servicios sociales afiliados a la Seguridad Social, que son 124.000 más de los que había en 2007 con el inicio del desarrollo de la Ley de Dependencia. El sistema atiende al 81 por ciento de las personas que les corresponde recibir prestación. Hay que destacar que no se ha dejado de pagar ningún mes a las comunidades y no tenemos cuantías pendientes con ellas. Hay que seguir trabajando, pero la senda hacia la sostenibilidad está dando sus frutos.

El presupuesto para el SAAD en 2015 es ligeramente superior al de 2014. ¿Seguirá siendo sostenible en julio, cuando entren en el sistema los dependientes moderados?

La ley establece una implantación gradual de los dependientes. Desde 2007 se han ido incorporando grados y niveles. Desde 2009, los presupuestos del Imserso han tenido que aumentarse. Ese ha sido el mecanismo que ha funcionado. En función de cuántos se van incorporando, el presupuesto inicial se convierte en una previsión. El mecanismo presupuestario está preparado para que todas las comunidades asuman a los nuevos dependientes.

Los distintos fondos de liquidez autonómica han permitido resolver algunos problemas de impagos de los ejecutivos regionales con las empresas que prestan servicios de atención a la dependencia, pero sigue habiendo regiones con situaciones complicadas. ¿Qué puede hacer al respecto el Estado?

El Estado ha hecho todo lo que podía hacer. Pagamos a todas por todos aquellos ciudadanos con personas reconocidas con prestación. En el primer instrumento de pago a proveedores es cierto que se consideraban que eran para facturas y se cambió. También entró en el pago a proveedores los servicios sociales. Con el mismo instrumento legal y específico de  financiación, más el pago a proveedores, más FLA, se ha conseguido que solo haya una o dos comunidades que estén pendientes de pagar.

El director general del Imserso aborda la financiación del sistema.

Respecto al tema de la financiación de la Dependencia, las visiones que se ofrecen desde el Gobierno y algunas CCAA son divergentes, con cifras muy distintas en cuanto al porcentaje que sufraga cada una de las partes. Desde el Gobierno central, ¿cómo se aborda esta polémica?

En su momento, comentamos que igual era bueno que entre todos hiciésemos un ejercicio para realizar una estimación para ver cuánto cuesta la Dependencia en nuestro país, pero no hay unos indicadores claros que sirvan para todo el territorio. La ayuda a domicilio puede tener precios distintos y se puede gestionar de manera diferente en cada lugar. El informe del Tribunal de Cuentas, por primera vez, con datos públicos de las comunidades señala que no hay una contabilidad presupuestaria separada para Dependencia. Ahora sabemos bastante más que hace dos años y se conoce lo que aportan las comunidades y lo que se ha realizado desde los presupuestos generales. Estamos en una media de un 50 por ciento. Ahí, hay diferencias entre las regiones.

¿Cree que es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica para garantizar los gastos de los gobiernos regionales en servicios sociales y dependencia? ¿Quizá debería establecerse por ley que fueran finalistas?

La financiación finalista es una enorme batalla del Estado de las autonomías. Lo que demuestra el informe del Tribunal de Cuentas, que arrojaría mayor transparencia, es si se llevase una contabilidad presupuestaria del gasto específico en Dependencia. Ni hay que llegar a una puramente finalista, ni ahora que hay dos instrumentos. Ahora mismo no se sabe con exactitud cuánto se destina a esta partida, aunque algunas comunidades empiezan a separarlo. Más o menos, hay coincidencia en el coste total de la Dependencia.

Uno de sus objetivos ha sido profesionalizar la atención a personas dependientes. Los datos dicen que poco a poco va creciendo, pero la variación es muy ligera mes a mes, ¿se está consiguiendo al ritmo que esperaban?

No se estaba consiguiendo desde el principio. Las estimaciones eran que se podía contribuir a la creación de empleo. Lo que se demostró en la primera evaluación es que las previsiones se habían cumplido a la mitad. Es difícil cambiar las dinámicas adquiridas durante cuatro años. Es necesaria una voluntad de beneficiario y de gestor para poder cambiar la dirección.

Recientemente han firmado un acuerdo con distintas entidades para fomentar el asistente personal, ¿por qué es la prestación que menos ha calado entre los usuarios de estos servicios?

Es una prestación importantísima, que tiene opciones de desarrollo, más allá de la vida autónoma de personas con discapacidad. Le falta concretar el perfil del cuidador y hacer saber de la existencia de asistentes personales que pueden cuidar a personas en situación de dependencia y falta regular su cualificación profesional. Va a haber una troncalidad de formación mínima para el trabajador sociosanitario en ámbitos residenciales o domiciliarios. La cualificación profesional será un revulsivo para desarrollar esta prestación.

Antón habla sobre el Pacto Sociosanitario.

Uno de los compromisos de legislatura era poner en marcha un Pacto Sociosanitario. Estamos a menos de un año para las elecciones generales y de por medio se celebrarán unos comicios autonómicos. ¿Va a ser posible alcanzar ese pacto?

Hemos trabajado con las comunidades desde julio hasta hace un mes. Hay un documento que debemos ultimar con el nuevo ministro y secretario general de Sanidad. Se trata de un primer punto con un marco de acuerdo básico con las comunidades, que tienen las competencias. Hay que ampliar esa definición del perfil e integrar para atenderle en cada momento. Es preciso compartir información a través de la historia clínica. Si logramos enriquecer este documento básico, con todos los agentes del sector podríamos llegar en 2015 a un acuerdo que estaríamos sentando los cimientos de integración sociosanitaria. Todavía es posible. 

¿Cuál es el principal escollo para alcanzarlo?

Nunca ha habido grandes escollos, pero hay que poner un escenario común con las comunidades autónomas. Hay proyectos concretos de integración y coordinación sociosanitaria. Hay que buscar un espacio donde entremos todos. El marco mínimo común ha demostrado  que nos podemos sentir cómodos, si se enriquece por las entidades, aunque habrá que desarrollar aspectos. 

Han elaborado un documento para adaptar las recomendaciones europeas sobre envejecimiento a la realidad española. ¿Cómo va a ser su puesta en práctica?

Lo primero que quería destacar es el trabajo de las asociaciones y de las propias personas mayores que han colaborado, además de los expertos. Es un documento que es suyo. Tendremos que demostrarle a la Unión Europea que las orientaciones de España como país miembro las ha cumplido. El Consejo de Ministros también deberá conocerlo, porque hay propuestas interesantes. Hay que seleccionar algunas para empezar a trabajar, una de ellas era la integración sociosanitaria.

¿Qué otros proyectos les quedan por poner en marcha en el ámbito de la dependencia?

Había que hacer una buena evaluación de resultados que no se hizo de 2007 a 2011. Tomar medidas, teniendo en cuenta esos resultados. En 2015 hay que ver si las previsiones de la memoria económica y de la ley, que tuvo gran consenso parlamentario, se cumplen en beneficiarios, estimados en 1.200.000. Y ver si las aportaciones públicas y de los beneficiarios también se han cumplido. Hay cosas que habrá que mejorar, pero lo que falta es cumplir la plena integración, a través de un análisis riguroso de las previsiones iniciales.

¿Cuáles son las previsiones para el turismo social que impulsa el Imserso en 2015?

Habrá mayor flexibilidad para ajustar la oferta y la demanda y potenciaremos el turismo interior. Se mantiene una aportación del Imserso de 67 millones de euros, que genera una actividad de 300 millones, más el termalismo, que supone 100.000 empleos.