Reconozco, antes que nada, que la siguiente comparación es ciertamente demagógica y exagerada, pero me permito, en esta ocasión, situarme al mismo nivel que algunos de nuestros representantes políticos.
El titular de los medios de comunicación sería algo así como: “Ruiz-Gallardón se va y no habrá sustituto”, y es que si se aplicara también a los miembros del Gobierno la actual obligación de reponer solo una de cada diez plazas vacantes de los servicios públicos, este país se quedaría sin ministro de Justicia sine die.
Lo cierto y verdad es que, una vez más, nuestros políticos vuelven a entender que el coeficiente intelectual de los españoles es tirando a bajo y al tiempo que proclaman a los cuatro vientos que ya no hay crisis ni recortes, adoptan nuevas decisiones (tasa de reposición al 50 por ciento, congelación salarial…) que vuelven a perjudicar gravemente a trabajadores y ciudadanos.
Hablamos de un importante perjuicio personal para los cientos de miles de profesionales que trabajan en la sanidad pública de nuestro país, sí, pero también de un nuevo paso en el deterioro creciente que está sufriendo el propio Sistema Nacional de Salud.
Como dice el refrán “dos y dos son cuatro”. Si la crisis se llevó cerca de 30.000 puestos de trabajo en la sanidad pública, según datos del propio Gobierno, y si ahora solo se pretende sustituir al 50 por ciento del personal que se jubila o causa baja por cualquier causa, mientras que las ofertas públicas de empleo siguen contándose con los dedos de una mano, la conclusión está más que clara.
Si no que se lo pregunten a todas las personas que han sufrido inadmisibles esperas para ser tratados o intervenidos o a todas las personas que han sido atendidos en su centro de salud o estando ingresados en un hospital por profesionales saturados que apenas tenían tiempo para verlos como se merecían.
Y no vale que digan que antes de la crisis había más personal del necesario y que lo que se ha hecho es adecuarlo a la necesidad real. No vale, al menos, en el caso del colectivo enfermero de un país que viene sufriendo un déficit histórico de profesionales y que se encuentra, en la actualidad, a la cola de Europa en número de enfermeras por 1.000 habitantes.
Los empleados públicos fueron los primeros en reconocer la necesidad de hacer esfuerzos personales para colaborar en la salida de la crisis económica de nuestro país, pero, con toda razón, entienden que toda paciencia, y sacrificio, tiene un límite y que no se puede seguir cargando más peso sobre sus espaldas.
Y lo entienden, repito, porque ese peso no solo les afecta a ellos. Ese peso derriba los cimientos de un sistema sanitario que hasta no hace mucho tiempo era un incuestionable motor de desarrollo para nuestro país, al generar riqueza, empleo y bienestar social.