Prescripción enfermera: la lucha continúa

El Real Decreto que regula la prescripción enfermera es ya una realidad. Un texto normativo que, como todo el mundo sabe a estas alturas, fue modificado unilateralmente por el Ministerio de Sanidad en contra de lo que estaba consensuado con el colectivo enfermero y todos los consejeros de Sanidad. Un acto de cobardía y de falta de palabra motivado por la presión de ciertos sectores de la profesión médica.

En concreto, la modificación que nos afecta a los enfermeros de una manera especial es la contemplada en el artículo 3, donde dice que para llevar a cabo funciones relativas a la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, es necesario que los enfermeros estemos acreditados y, además, que con carácter previo el médico reseñe en la historia clínica el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir en cada caso y para cada paciente.

La limitación profesional que el Gobierno de la Nación nos impone deja en evidencia la pobre consideración profesional que los enfermeros merecemos a quienes nos gobiernan y el profundo desconocimiento que las máximas autoridades políticas y sanitarias tienen sobre el funcionamiento diario de los hospitales y centros de salud.

La entrada en vigor del Real Decreto supone para todos los enfermeros una grave inseguridad jurídica y repercutirá negativamente en su actual sistema de trabajo. No hay que obviar tampoco la presión añadida que probablemente se ejercerá desde las Direcciones de Enfermería y Gerencias para que se continúe realizando actividades relacionadas con medicamentos sujetos a prescripción médica sin cumplir los condicionamientos que ahora exige esta norma.

Ante la grave trascendencia que la entrada en vigor de este Real Decreto supone para el día a día de la profesión, SATSE continuará presionando al más alto nivel para terminar lo antes posible con este despropósito. Hay que recordar que ya se ha logrado que grupos políticos y Consejerías de Salud se posicionen a favor de nuestra profesión y en contra del Real Decreto.

Por otra parte, hemos impugnado ante el Tribunal Supremo la norma, solicitando que se suspenda cautelarmente su vigencia hasta que se dicte sentencia.
También hemos requerido a las Consejerías de Salud que aclaren los términos de la póliza que tienen suscrita para la cobertura de la responsabilidad civil del personal de enfermería, cuestión ésta de sumo interés para todos ante los posibles daños que los enfermeros podamos causar a terceros en el curso de una actuación con medicamentos sujetos a prescripción médica contraria a lo previsto en el Real Decreto.

Los propios profesionales, por su parte, pondrán de manifiesto de manera individual ante los órganos competentes (gerencias, direcciones, etc..) que su actuación deberá de ajustarse a lo previsto en el Real Decreto, y que no se les puede obligar a actuar de otra forma, ni ocasionarles perjuicio alguno.

Asimismo, se organizarán una serie de jornadas informativas que tendrán lugar en los distintos centros sanitarios de todas las autonomías con el fin de informar y aclarar cuantas dudas puedan tener todos los compañeros y compañeras de profesión.

En definitiva, seguiremos luchando para que la habilitación sobre la indicación uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano contenida en la Ley del Medicamento a favor de la profesión enfermera se haga efectiva por el futuro Gobierno de la Nación en los términos legalmente previstos, y no en los impuestos por el ministro, aún en funciones, y el sector más arcaico del colectivo médico.

La deslealtad en el compromiso adquirido y la cobardía en la actuación del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Sanidad, no vamos a olvidarla.