La reforma pendiente

Hace unos días tuve ocasión de ojear un documento en el que uno de los firmantes se identificaba como antiguo miembro de la “Comisión para el Análisis y la Evaluación del Sistema Nacional de Salud del Congreso de los Diputados”: la llamada “Comisión Abril” en honor a su presidente Fernando Abril Martorell, en su día segundo del gobierno de Adolfo Suárez (nota para que los jóvenes sepan de que hablo), y cuyas conclusiones se hicieron públicas nada menos que en 1991.

Aquello debió marcar su vida puesto que lo sigue citando como su logro más importante, pero el impacto mediático y de crítica que tuvo este documento no se correspondió con su incidencia práctica en la sanidad española. Tuvo una virtud: dado el nombre de sus 150 expertos, relevantes en su momento, y el hecho de que el gobierno socialista de entonces lo guardara inmediatamente en un cajón, quedó convertido en una especie de mantra a invocar cada vez que algo iba mal en la sanidad y se hablara de la necesidad de cambiarlo.

Porque es difícil no estar de acuerdo con el diagnóstico que en él se hacía de los problemas de nuestra sanidad empezando por reconocer que por entonces existía "un cierto agotamiento del sistema sanitario" (recuérdese que ha transcurrido un cuarto de siglo). A partir de ahí al analizar las deficiencias, se hablaba por ejemplo de una atención primaria en lento proceso de transformación (estancada desde hace muchos años), con un porcentaje de gasto en descenso frente a la especializada (¿les suena?), una salud pública sin el relieve que le correspondía (alguna comunidad hasta la sacó de su organigrama). También se hablaba de una falta de visión global y empresarial del conjunto del sistema sanitario (sin comentarios), de una desmotivación de los profesionales y una rigidez del sistema que impedía decidir a los equipos directivos (como si fuera hoy mismo).

Diagnósticos correctos que 26 años después persisten, lo que implica que no ha habido el más mínimo acuerdo terapéutico. Las propuestas del Informe Abril eran muy variadas, pero básicamente apuntaban a un cambio radical en las estructuras de gestión por las que sería preciso separar las competencias de financiación y "compra" de servicios sanitarios y las funciones de gestión y provisión. Según este esquema la Administración Central (entonces) y Gobiernos Autónomos (entonces y ahora) serían financiadores principales; las áreas de salud, "compradores"; hospitales, centros de salud y farmacias, proveedores; y los usuarios, clientes. El informe hablaba igualmente de elección de la forma jurídica más adecuada para los centros, y flexibilidad de la vinculación del personal (que no precarización). Se adelantaba igualmente una profunda descentralización, con pérdida de importancia de los servicios centrales, un refuerzo del Consejo Interterritorial, una facturación entre centros y entre CCAA, una mayor colaboración público/privado…

Es evidente que la sanidad no ha ido por ahí, aunque algunas de estas medidas se han implementado en determinadas comunidades, entre otras cosas porque miembros de la comisión han tenido importantes responsabilidades de gestión. Sin embargo, la propuesta global que habría dado lugar a un cambio profundo del sistema (imposible a posteriori saber si para bien o para mal) solo encontró defensores aislados, muchos admiradores teóricos de algún aspecto concreto y por fin una oposición frontal de grandes sectores políticos y sociales.

Varios son las razones por las que casi nada se ha reformado y seguimos viviendo una sanidad con sus virtudes y sus defectos, pero muy parecida en su gestión a la de los años ochenta. El temor a una privatización (otra palabra convertida en mantra) que acabara por parasitar y destrozar el sistema, la poca confianza que inspiran nuestros políticos cuando prometen cambiar algo y la resistencia al cambio de sectores fuertemente establecidos han anclado nuestra sanidad a un pasado que si bien nos hizo fuertes, es necesario modificar para afrontar con éxito el futuro.

No vendría mal por tanto que un proceso similar de reflexión y búsqueda de consenso entre todos los implicados dejando atrás diferencias políticas y territoriales se repitiera ahora, pero con vocación de llegar a soluciones prácticas. Nos va nada menos que el futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud, la obra colectiva de la que los españoles nos podemos sentir más orgullosos.