Tras un curso sanitario muy atípico, con pandemia incluida –y varias olas de la misma-, ha llegado la época estival y las merecidas vacaciones para la mayor parte de la población. Ha sido un curso sanitario muy duro, en el que lo urgente nos ha hecho postergar lo importante, una y otra vez, como consecuencia de la Covid-19, y en la que hemos tenido que aceptar el horror de miles de fallecidos diarios.

La emergencia sanitaria en la que estamos inmersos desde hace un año y medio ha tensionado el sistema sanitario hasta límites que no pensamos que fueran posibles. Un sistema que era reconocido como uno de los mejores del mundo en eficiencia, es decir, conseguir los mejores resultados con los menores costos, y en el que la hechura del traje tenía las costuras apretadas previo a la pandemia debido a una década de recortes en Sanidad.

Podríamos pensar que, en el siglo XXI, el mayor problema que puede vivir un país europeo es una pandemia; y más cuando, en pocos años, hemos vivido la aparición de varios virus con capacidad de transmisión entre humanos y potencialmente letales, en mayor o menor medida; y cuando sabemos que, en un horizonte no muy lejano, pueden aparecer nuevos influenzas o coronavirus de alta capacidad de propagación, como ocurre en este momento.

Podríamos pensar, también, que reforzar la Sanidad Pública sería un objetivo primordial para cualquier gobierno. Sin embargo, ya nos han dejado claro que tendremos que esperar al año 2050 para ver una financiación similar a la del resto de Europa en Sanidad en nuestro país.

Es decir, que las administraciones no solo han pecado de improvisación en esta pandemia, sino que siguen haciendo lo mismo, esperando que las consecuencias sean lo menos catastróficas posible en un futuro.

Otra situación paradójica de este largo tiempo de pandemia ha sido que, mientras se contaba con los principales actores del sector económico –empresarios y sindicatos- para afrontar la grave crisis económica que arrastra consigo la alerta sanitaria, no se ha contado –en ningún momento- con los principales actores de la Sanidad, ni con profesionales de renombrado prestigio, ni con los representantes de los sanitarios. Las decisiones se han tomado con un carácter político cuando la ciencia indicaba otro camino totalmente distinto.

Y, no solo eso. Prácticamente se militarizó a los sanitarios desde un inicio, ya que se modificaban las condiciones de trabajo, sin consulta previa, sin escuchar alternativas… La situación no parece que vaya a cambiar en el futuro inmediato.

El resultado de todo ha sido una muy mejorable gestión de la pandemia.

El déficit de médicos que el Ministerio de Sanidad ya reconocía en 2018 –y que se iba a agravar hasta el 12 por ciento en una estimación prospectiva en 2025-2030- ha sido uno de los lastres que está ahogando a la Sanidad española.

Esta carencia de profesionales se acrecienta en un año en el que las jubilaciones han alcanzado cotas históricas. Una falta de médicos que está provocando una presión difícil de sostener en el tiempo, en los facultativos y en la población, con una insatisfacción crónica ante una Sanidad pública que no satisface sus demandas por la saturación endémica que padece.

Sin embargo, a pesar de que nuestros políticos conocen estos datos mejor que nadie, no dan soluciones a este grave problema y no ofrecen estabilidad y mejora de los salarios para revertir una clara tendencia que impulsa al residente que finaliza su periodo formativo como especialista a buscar, fuera de su país, el reconocimiento que le niegan.

Esta vía –incrementos salariales y estabilidad- es obvia para atajar la escasez de médicos pero la Administración no la contempla, quizá porque interesa que la situación continúe igual y la Sanidad pública sea un gigante de pies de barro, cubriendo en apariencia las necesidades de la población y acumulando listas de espera inasumibles.

Las famélicas plantillas de facultativos, obligadas a asumir un elevadísimo número de pacientes en todos los ámbitos asistenciales: Atención Primaria, Urgencias de Atención Primaria y Hospitalaria, especialidades…, trabajan con recursos que les permiten solucionar el día a día utópico, sin incidencias, sin epidemias ni pandemias, pero se ven sobrepasadas en cuando las circunstancias son adversas, incluidos los periodos de necesarias vacaciones.

Es lógico que los recursos humanos se deberían calcular en base a las necesidades que haya que afrontar en condiciones difíciles, no en situaciones que no se corresponden con la realidad.

La red española de Salud Pública, que se ha demostrado más que insuficiente, se pretende reforzar manteniendo unos salarios que hacen difícil que un epidemiólogo quiera trabajar en nuestro sistema de salud. La Atención Primaria, de la que siempre se habla mucho y en la que siempre se insiste en que se va a invertir, está agonizando porque no se apuesta por ella. Los médicos de Urgencias Hospitalarias ni siquiera son reconocidos como una especialidad propia. Los 17 servicios de salud, más el Ingesa, funcionan de 17 maneras distintas, sin una coordinación real ni un liderazgo del Ministerio de Sanidad.

Los problemas en Sanidad son muchos y nunca se quieren afrontar, así que se van acumulando sin remedio. La Sanidad pública necesita reformas, con cambios de paradigmas que ofrezcan soluciones efectivas a corto plazo. Mientras, una parte importante de la población siente que la Sanidad pública no satisface sus necesidades porque se está produciendo un desmantelamiento de la misma, no sabemos si intencionado o no.

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