Cuando China y la
Organización Mundial de la Salud alertaron en diciembre de 2019 de la aparición de un nuevo virus, el resto del mundo mostró interés pero no podía suponer lo que se avecinaba.
El 31 de enero de 2020,el
Ministerio de Sanidad nos aseguraba que España no iba a registrar más que “algún caso aislado de la nueva enfermedad”. Ese mismo día, se declaraba el primer caso COVID en España, un caso importado y localizado en La Gomera.
En aquel momento, el
diagnóstico de COVID era difícil de hacer: apenas había test y los pocos que había se destinaban a personas con vínculo epidemiológico, es decir, que aunque un paciente tuviera síntomas o viniera de China, si no venía de Wuhan o había tenido contacto directo con otro paciente infectado, el médico no podía solicitar el test para diagnosticar o descartar la enfermedad. Este protocolo se mantuvo durante todo el mes de febrero.
"En febrero, aunque el médico tuviera sospecha de COVID en un paciente, se encontraba con una negativa si pedía una prueba"
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El 25 de febrero de 2020 y tras varios casos positivos de pacientes que habían viajado a Italia –país que contaba con una incidencia de COVID en aumento-, se decidió que se haría
prueba de coronavirus a todo paciente con
neumonía grave de origen desconocido. Todavía no se hablaba de los pacientes leves o asintomáticos. En aquella fecha, aunque el médico tuviera sospecha de COVID en un paciente, se encontraba con una negativa si pedía una prueba para descartar la presencia o ausencia del virus.
Un día después, el 26 de febrero de 2020, el virus demostró que ya circulaba libremente por el país.
Empiezan a confirmarse los primeros positivos sin vínculos epidemiológicos, aunque se mantienen las órdenes en lo concerniente a quién se podía hacer test y a quién no.
El 2 de marzo de 2020,con un incremento de positivos en la mayoría de las Comunidades Autónomas –solamente cuatro continuaban sin registrar ningún caso-, la
Organización Médica Colegial de España recomienda la suspensión de congresos y reuniones científicas médicas, medida que el Ministerio de Sanidad adopta el 3 de marzo de 2020.
Esta medida extraordinaria reflejaba la preocupación de los médicos, que ya insistían en evitar la interacción social para poder frenar el avance de los contagios. Contábamos con la experiencia de Italia que, con unas semanas de adelanto, nos mostraba el escenario al que estábamos a punto de enfrentarnos.
A pesar de las recomendaciones técnicas de expertos y organizaciones profesionales sanitarias, congresos y reuniones científicas quedaron prohibidas… pero muchos eventos multitudinarios siguieron adelante: actividades deportivas, políticas, lugares públicos en los que las aglomeraciones eran frecuentes…
El Estado de Alarma
El 10 de marzo, con un Madrid que superaba ya los 780 casos, se decide la cancelación de los grandes eventos; el día 13 de marzo se ordena el cierre de los centros educativos en España y
el 14 de marzo se decreta un Estado de Alarma, sin precedentes, que enmarca un
confinamiento domiciliario. Esta medida fue de las más duras y restrictivas de Europa pero llegó tarde porque no evitó la situación de colapso sanitario en muchas Comunidades Autónomas y una cifra defallecidos diarios por COVID que alcanzó el millar.
En ese contexto de confusión, incertidumbre, protocolos que cambiaban a diario e instrucciones imprecisas, se ordenó que las escasas pruebas se usarían solamente con los pacientes más graves y no con los pacientes leves o los contactos.
"Ha habido actuaciones irresponsables por parte de los ciudadanos, pero los políticos no pueden negar el hecho de que las medidas se tomaran tarde"
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Durante los meses que duró el confinamiento domiciliario, además de los
aplausos a los sanitarios a las 20:00 horas, se convenció a la población de que cualquier brote o rebrote era culpa de los ciudadanos y las escenas de los irresponsables se repetían sin cesar en los medios de comunicación. Es cierto que ha habido actuaciones irresponsables por parte de los ciudadanos, pero los políticos no pueden negar el hecho de que las medidas se tomaran tarde, que se infravalorara la capacidad de transmisión del virus y que no se tomara siquiera la precaución de tener
equipos de protección para proteger a los sanitarios. De hecho, a los mismos sanitarios que atendían a pacientes COVID se les acusaba de contagiarse fuera del entorno laboral. Los políticos –todos- estaban más centrados en diluir su responsabilidad que en preparar al país para lo que nos estábamos enfrentando.
El Estado de Alarma y el confinamiento domiciliario acabaron el 21 de junio de 2020 y el Gobierno lanzaba públicamente mensajes triunfalistas como “
hemos vencido al virus”. Todo ello mientras no se garantizaba la contratación de los rastreadores necesarios, no se reforzaba la red de Atención Primaria y Salud Pública y no se establecían criterios de cara al proceso de desescalada y un posible repunte de casos. La única consigna, por esas fechas, era “salvar el verano”, el turismo y relanzar una maltrecha economía tras meses de parón de la actividad. Todos estos propósitos eran necesarios. Nuestro país lo necesitaba y nadie lo pone en duda pero había que hacerlo teniendo en cuenta que la
transmisión comunitaria del virus continuaba. La estrategia de actuar como si el virus ya no estuviera entre nosotros estaba abocada al fracaso, dado que el riesgo de contagios no había desaparecido. Y así fue.
Finalizando el mes de junio de 2020, ya era evidente que los casos estaban aumentando. Escenario: segunda ola pandémica.
Brotes y segunda ola de coronavirus
Desde el Ministerio de Sanidad se ponía en duda esta realidad y los casos diagnosticados se llamaban “brotes” que salpicaban toda la geografía española.
En agosto de 2020, con una
Atención Primaria nacional colapsada por casos COVID y con la mayoría de políticos disfrutando de sus vacaciones, los médicos insistíamos en la necesidad de atajar una segunda ola.
Los científicos pedían una auditoría independiente –que nunca se ha llegado a hacer- que estudiara la gestión de la pandemia y valorase los errores cometidos para evitar cometerlos en olas futuras. Sin embargo, los políticos estaban más interesados en culpar a la población, a la que se ha querido convencer de que todo es culpa de los
ciudadanos irresponsables y no de estudiar qué se ha hecho mal en la gestión de la pandemia.
Los sanitarios hacíamos frente a la segunda ola mientras nuestros políticos discutían sobre asuntos de cariz partidista que no aportaban nada a la situación sanitaria.
Sin descanso y en una situación epidemiológica de falsa tranquilidad,empezó la campaña de “
salvar la Navidad”. En un mes de diciembre con un ascenso evidente de los casos COVID y un sistema sanitario en situación insostenible, con unos profesionales agotados, las órdenes eran de los más variopintas, sin estrategias comunes.
La responsabilidad de los ciudadanos ante el coronavirus
A día de hoy, en la
tercera ola, anunciada y advertida por los expertos, las administraciones culpan de nuevo a la falta de responsabilidad de los ciudadanos y los políticos siguen sin hacer un ejercicio de autocrítica.
"¿Cuántas personas más tendrán que morir por las campañas de 'salvar lo que sea', por la mala gestión de la pandemia, por el 'sí pero no, no pero sí' de los políticos?"
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La tercera ola parece superar en números a las olas anteriores, tanto en número de contagiados como en fallecidos y ya ha sumido en el colapso a la mayor parte de servicios de salud.
Cada día nos levantamos con nuevas medidas, en muchas ocasiones tibias y en manos de un cumplimiento y seguimiento dudosos. Es verdad que
las vacunas han empezado a llegar y eso nos da esperanza para empezar a ver un final al fondo del túnel, pero mientras se consigue la inmunidad deseada… ¿cuántas personas más tendrán que morir por las campañas de “salvar lo que sea”, por la mala gestión de la pandemia, por el “sí pero no, no pero sí” de los políticos?
Eso sí… ellos seguirán dejando claro que la culpa es de la población y que las medidas se han tomado de manera adecuada y oportuna. Ellos, como se dice en los juegos infantiles a pesar de que estamos muy lejos de un juego, son “palomita suelta”.