Manuel Pérez Fernández, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
Tras las pasadas elecciones, que no solo no han resuelto nada sino que han servido para empeorar la siempre difícil gobernabilidad española, nos encontramos con un escenario complicado en el que algunos pueden ser, o no, rehenes de sus palabras. Una gran cantidad de los eslóganes, brindis al sol, amenazas, frases hechas o promesas más o menos trascendentales pueden ser un obstáculo insalvable para la gobernabilidad, mientras otras, en cambio, pueden quedar en el olvido, bien porque estuvieran hechas de cara a la galería, bien porque no sea factible aplicarlas en la situación actual, o bien porque se consiga demostrar lo erróneo de su planteamiento.
En este último apartado, y centrándonos exclusivamente en el campo sanitario, me gustaría poder insertar lo aseverado en las redes sociales por el Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, D. Pedro Sánchez (tweet de 15 de diciembre pasado a las 22,20 horas): “Los socialistas defendemos la subasta de medicamentos y no los copagos, que se aprieten el cinturón las empresas farmacéuticas”.
El mismo día que ese tweet revolucionaba las redes sociales sanitarias, mantuvimos una reunión político-profesional con D. Rafael Bengoa en su calidad de experto sanitario del mencionado partido. Evidentemente, y como pueden suponer, no dejé escapar la oportunidad de mostrarle públicamente mi preocupación, pero no sólo por el tweet en sí –inoportuno y erróneo a más no poder- sino por el desconocimiento del que hacía gala públicamente todo un candidato a la presidencia del Gobierno Español, en un tema tan espinoso como las subastas de medicamentos.
Todos deberían saber a estas alturas de la película -y algunos tienen la responsabilidad de informar adecuadamente tanto a quienes redactan los programas y las consignas de los partidos políticos, como a quienes ponen la voz a las mismas- que el supuesto ahorro que las subastas de medicamentos producen a las arcas públicas no procede de las aportaciones de la industria farmacéutica, sino de la eliminación a las Farmacias de las condiciones económicas por prontopago y volumen de compra de los laboratorios adjudicatarios -cuyos medicamentos han de dispensarse obligatoriamente en las Farmacias andaluzas-.
O sea: no son las multinacionales farmacéuticas las que se han apretado el cinturón, ha sido, es y lo seguirá siendo la Farmacia, esa pequeña y mediana empresa familiar andaluza dirigida por un autónomo profesional, con el que colaboran de media uno o dos trabajadores, la que se lo ha apretado demasiadas veces ya. Espero que se lo expliquen bien al Sr. Sánchez, sobre todo para que no vuelva a errar en público.
La Farmacia andaluza está sufriendo el afán recaudatorio de la Administración, sin tener la más mínima capacidad de poder evitarlo deslocalizándose ante cualquier eventualidad contraria a sus intereses, como de hecho lo haría cualquier multinacional de las que alude el tweet del Sr. Sánchez. Verbigracia, Pfizer, que ha levantado un revuelo descomunal en los Estados Unidos ante la posibilidad de fijar su sede social en Irlanda, lo que ha llevado, entre otros, a Hillary Clinton a pedir “actuar sin dilación para evitar las operaciones que perjudican nuestra base impositiva”. O sea, igual que aquí.
Con la aplicación de estas políticas sanitarias no es que España sea sólo diferente, es que es tan diferente como para permitirse el lujo de quebrantar gravemente la economía de sus profesionales y de introducir la incertidumbre en el futuro de su propio tejido empresarial e industrial, lo que la encamina, irremisiblemente, al crecimiento… negativo y a la creación… de pobreza.
Por otra parte, y como se ha dicho ya hasta la saciedad, la normalidad y continuidad en el abastecimiento de los medicamentos subastados no son la tónica dominante, por lo que ha de ser la profesionalidad y el buen hacer diario de los Farmacéuticos los que garantizan que ningún paciente deje de recibir su medicación. Incluso, en muchísimos casos, con el riesgo cierto de que no le sean abonadas las recetas dispensadas con medicamentos no sujetos a subasta, salvo que demuestren realmente la ausencia de suministro, algo a veces imposible. Los procedimientos iniciales para hacerlo eran dignos del mejor Kafka, habiendo quedado bastante arreglados a día de hoy, a Dios gracias.
Aunque volveremos a hablar del tema –es recurrente y lo seguirá siendo, pues la intencionalidad política de las subastas supera ya con creces a la puramente económica- no quiero dejar de recordar, y de reprochar, la ausencia de apoyo a la industria farmacéutica nacional y, sobre todo, a la riqueza que puede crear y que tanto necesitamos en España en estos momentos (recordemos la reacción Pfizer-EEUU). Los argumentos esgrimidos por aquellos que aún están dispuestos a justificarlo todo, carecen de sentido. No es de recibo que siga habiendo quienes argumenten que en Andalucía no tiene su sede social ninguna empresa importante del sector farmacéutico, sin haberse dejado antes la piel intentado crear las condiciones que lo hubieran hecho posible. La realidad es que están radicadas en España, que directa o indirectamente crean alguna riqueza en nuestra región y que deberíamos fijar claramente dos objetivos: el primero, conseguir que esa riqueza crezca año a año a corto plazo; y, el segundo, fijar las condiciones económicas y jurídicas para que, a medio y largo plazo, Andalucía pueda convertirse, de verdad y sin engaños, en un destino favorable para la instalación de empresas nacionales y multinacionales.
Son las subastas, pues, un “viento del sur” que perjudica económica y profesionalmente, y mucho, a los Farmacéuticos andaluces, titulares y responsables de una pequeña empresa familiar, como ha quedado dicho, y que impide la normal actuación mercantil y de abastecimiento a la industria farmacéutica española de los mismos bienes sanitarios –medicamentos- a todos los ciudadanos independientemente de su región de residencia. Por otra parte, son los impagos un “viento del norte” que pone a la Farmacia, también, en peligro cierto de subsistencia económica y profesional. En ambos casos, los ciudadanos destinatarios del derecho a recibir sus medicamentos corren el riesgo de ver interrumpidos sus tratamientos, como resultado de las iniciativas de una administración que debería velar, precisamente, por asegurar ese derecho. Si hasta ahora los ciudadanos no han tenido problemas notorios ha sido gracias a la intermediación profesional del Farmacéutico, que expone su propio patrimonio personal y familiar para evitar que ese “viento del norte” afecte a sus pacientes.
A pesar de esos desvelos, algunos compañeros Farmacéuticos no pueden evitar, con todo el dolor de su corazón, que vuelvan las palabras de Mariano José de Larra a resonar en los oídos de los sufridos españoles, ahora tras presentar la correspondiente receta: “Vuelva usted mañana” (aún no he recibido el pago de la Administración).