Farmacias VEC, ¿existen?

Venimos los farmacéuticos quejándonos desde hace tiempo, concretamente desde que se “levantó la veda” contra la economía de nuestras farmacias, de la cantidad de medidas injustas que los diversos gobiernos han ido implantando con el objeto de “disminuir el gasto farmacéutico”, sin tener en cuenta el aumento de población que se produjo en ese periodo o el envejecimiento de los ciudadanos, por poner sólo dos ejemplos llamativos.

Año tras año, gobierno tras gobierno, y medida tras medida, parecía que el nuestro era el único sector obligado a soportar el grueso de los recortes en sanidad. Desde mucho antes de que ese término (“recorte”) se convirtiera en arma política, ya era un arma de destrucción masiva para los sufridos farmacéuticos españoles que, además, no podían ni protestar sino estar agradecidos al autor de las medidas de contención del gasto porque era el mismo que defendía nuestro modelo planificado.

Por otro lado, y además, parecía que nos daba igual que se promulgaran leyes de ordenación “de cara al público”, que permitían la apertura de nuevas farmacias en lugares impensables y municipios tan pequeños que ya venían con el límite de subsistencia incorporado.

No será porque no se advirtió, pero las “medidas de contención del gasto” produjeron una caída en vertical de la cuenta de resultados de la mayoría de las farmacias, afectando muy severamente a las de facturación más reducida, a las que se denominó farmacias VEC (acrónimo de Viabilidad Económica Comprometida). Para intentar aliviar la situación, el gobierno central instauró ayudas de cuantía determinada (una especie de “Farma-Per”), instando a las comunidades autónomas al desarrollo normativo que posibilitara su abono, al estar la sanidad transferida.

Por otro lado, en Andalucía se llegó incluso a anunciar que se destinaría el diez por ciento de los fondos obtenidos por la implantación de las famosas subastas, a otorgar ayudas complementarias a  las mencionadas farmacias VEC. Hasta ahí todo normal, aunque esta última propuesta tuviera un cierto tufo a cuento de la lechera.

El verdadero problema surge cuando no se produce el ansiado desarrollo normativo y van pasando los meses, y los trimestres, y los años sin que haya novedad alguna en ese sentido y sin que se produzcan lospagos prometidos y esperados. ¿Por qué? ¿Qué o quiénes lo han impedido? ¿Se es consciente de la situación extrema de estas farmacias, de estos farmacéuticos, que siguen abonando sus impuestos, cumpliendo sus obligaciones sociales e, incluso, prestando servicios de guardia sin remunerar? ¿Se ha pensado en la situación familiar que hay siempre detrás de estas injusticias? 

La única conclusión clara es que todo esto importa un comino, que habrá que recurrir a los tribunales de justicia una vez más para obtener lo que por derecho corresponde al ciudadano. Lastimoso y lamentable.

Se han cruzado muchas líneas rojas, como se dice ahora, que una Administración sentada no debería haber trasgredido. Aparte del incumplimiento de su entrada en vigor y de no proveer su dotación presupuestaria correspondiente, algo que debería ser automático y que es imposible de entender en un país serio, han seguido sometiendo a las farmacias, a los farmacéuticos, a continuas bajadas de precio de los medicamentos y productos sanitarios, a nuevos descuentos adicionales, a políticas límites de control de las recetas prescritas… y a seguir convocando subastas (¡las sextas ya!, cuando no se debería haber licitado ni la primera) que generan una inequidad en el acceso a los medicamentosdifícil de entender con respecto a otras regiones, y que provocan desabastecimientos de escándalo y continuos cambios en la medicación de los pacientes cuya consecuencia inmediata es la pérdida de la adherencia a los tratamientos y, por consiguiente, la falta de cumplimiento terapéutico. Y que, además, cercenan hasta la ruina la capacidad de gestión de las farmacias, que han visto disminuir sus beneficios y sus stocks escandalosamente. Y todo ello por un puñado de euros que se ahorrarían con una gestión verdaderamente profesional y eficaz de la cosa pública.

Farmacias VEC, ¿existen?, pregunto en el titular de esta colaboración. Pues depende para quién. Para mí, sí; para la Administración, claramente no. Y yo me pregunto: si la ayuda es legal, ¿por qué no se da?; y si se consideró necesaria (de ahí que se promulgaran normas a respecto), ¿por qué no se provee inmediatamente?.

Y me sigo preguntando: si la Administración incumple la ley, ¿está éticamente legitimada para exigirle a las farmacias VEC que cumplan los demás preceptos de esa misma ley? Porque el farmacéutico VEC tiene que cumplir a rajatabla las subastas bajo la amenaza de devolución masiva de las recetas no dispensadas adecuadamente, tiene que recaudar el copago, tiene que seguir haciendo guardias innecesarias, mientras que la Administración no cumple con él. Incongruente, pero esto es España, el país donde la Administración que no respeta la ley puede machacar al ciudadano por no respetar la ley.

Alguien debería dar explicaciones públicas de todo esto, pero me temo que no va a ser así. Una lástima porque a este paso el acrónimo VEC se va a extender, pero no para referirse a las Farmacias de Viabilidad Económica Comprometida, sino para referirse a los ciudadanos: Vamos a Estar Calladitos.