Seguridad del Paciente, oportunidad, coste y rentabilidad

Oportunidad y coste son dos conceptos profusamente utilizados en economía, y también en política, para argumentar los pros y contras de una determinada acción en base a su rentabilidad futura. No son los únicos pero son decisivos a la hora de optar por una u otra alternativa.

¿Cuánto nos va a costar determinada actuación? ¿Cuáles serán los beneficios a corto, medio y largo plazo?, ¿es ahora el momento pertinente para acometer este proyecto?... Las respuestas a estas preguntas siempre determinan que los responsables correspondientes apuesten o no por dar su visto bueno a una iniciativa que, no solo afectará a sus iniciales destinatarios, sino, en mayor o menor medida, al desarrollo general de un país.

Quiero entender que es posible que en este importante debate es en el que se encuentran aún los diferentes grupos políticos con representación en el Parlamento para presentar sus correspondientes enmiendas parciales al proyecto de la Ley de Seguridad del Paciente en la Comisión de Sanidad, una vez transcurridos ya cerca de seis meses desde que fue respaldada de manera mayoritaria (312 votos a favor y solo 10 en contra) en el Pleno del Congreso de los Diputados.

En lo que respecta a la oportunidad de esta norma, no podría haber mejor momento para hacerla realidad cuanto antes. Nuestro sistema sanitario ha ido perdiendo recursos y medios a lo largo de los últimos años y ahora, claramente castigado y debilitado, no puede garantizar la seguridad del paciente. La grave pandemia del Covid-19 ha constatado, de la peor manera posible, que necesita con carácter urgente reformas estructurales.

Requiere alcanzar objetivos como garantizar una asignación máxima de pacientes por cada enfermera y enfermero y, de esta forma, reducir las complicaciones y riesgos en cualquier proceso asistencial, la mortalidad, los reingresos y la duración de las estancias hospitalarias, como concluyen un cada vez mayor número de expertos nacionales e internacionales en base a distintos estudios científicos.

Convertir, en definitiva, al sistema sanitario de nuestro país en un referente en positivo en algo tan esencial como es la seguridad del paciente en el conjunto de la Unión Europea en lugar de ser todo lo contrario como, lamentablemente, sucede en estos momentos. Cualquier observador independiente constata, con asombro y preocupación a partes iguales, que una enfermera atiende en un hospital de nuestro país hasta 20-25 pacientes, o tiene asignadas entre 1.800 y 2.000 personas en los centros de salud, mientras que en otros países de nuestro entorno son muchas menos las personas a atender por cada profesional.

Mayores garantías ante nuevas crisis sanitarias

Asimismo, aprobar la Ley de Seguridad del Paciente, en estos momentos, no solo conllevará beneficios para el sistema sanitario en su conjunto y, por tanto, para uno de los pilares de nuestro Estado del Bienestar, sino que también insuflará de esperanza y confianza al conjunto de la ciudadanía que, después de año y medio de pandemia, necesita constatar que nuestro futuro será mejor y que podremos afrontar nuevas crisis con mayores garantías de éxito.

La oportunidad está clara pero… ¿el coste de acometer esta iniciativa nos resultará finalmente rentable? A esta pregunta yo contestaría con otra sobre si 55 euros por habitante al año es una cifra asumible para las arcas públicas de un país que, va a recibir, además, 140.000 millones de euros procedentes del Fondo de Recuperación de la Unión Europea.

También recordaría que distintos exministros de Sanidad y líderes de partidos políticos de diferente signo han sido los primeros en asegurar públicamente que cualquier coste en sanidad no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión que reforzará y mejorará nuestro actual Estado del Bienestar y, con ello, la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto.

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"Garantizar una asignación máxima de pacientes por enfermera conlleva un ahorro muy significativo a medio y largo plazo al sistema en aspectos clave como las estancias hospitalarias o los tratamientos sanitarios"

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De igual manera, y en términos prácticos, está constatado que determinados gastos en materia sanitaria, como es el caso de garantizar una asignación máxima de pacientes por enfermera, conllevan un ahorro muy significativo a medio y largo plazo al sistema en aspectos clave como las estancias hospitalarias o los tratamientos sanitarios, entre otros muchos.

Las cerca de 700.000 personas y profesionales sanitarios que apoyaron con su firma esta norma, así como todas las asociaciones de pacientes y consumidores, organizaciones profesionales y de enfermeras de todo el mundo o las personalidades públicas de nuestro que también la respaldaron, tienen muy claro que, además de oportuna, es rentable económica pero, sobre todo, socialmente.

Ahora solo falta que los representantes legítimos de todas estas personas y del resto de la ciudadanía de nuestro país también crean que no se pueda dilatar ni un minuto más la aprobación de esta Ley y aborden con celeridad y agilidad el debate de las enmiendas parciales. En sus manos está que una iniciativa tan oportuna y rentable como esencial para la sostenibilidad futura de nuestra sanidad sea una realidad lo más pronto posible.