Lo que vale un hígado

Hay que remontarse al 2013 cuando a un acaudalado alcalde libanés, Hatem Akkouche, le comunican en su país que necesita un trasplante de hígado para seguir viviendo. Con una actividad de donante fallecido virtualmente inexistente en el Líbano, sus médicos descartan no se sabe muy bien por qué, a los familiares como donantes en vivo de un fragmento hepático. Probablemente atraídos por la experiencia exitosa del futbolista Eric Abidal, trasplantado en el 2012 en el Hospital Clinic de Barcelona, y ampliamente publicitado en la prensa internacional, emprende el alcalde con su familia el camino hacia España, donde además contaba con dos sobrinos, Hassan y Chawqui Akkouche, propietarios de una empresa en Alicante.

Sin acceso a las listas de espera españolas en su calidad de extranjero no residente (solo quien está afincado en nuestro país puede acceder al trasplante), entre todos urden un plan para comprar un fragmento de hígado, algo por desgracia bastante habitual en la zona del mundo de donde procedían y que ellos aparentemente consideraron de lo más normal. Como es lógico eligieron como potenciales “donantes” a los más desprotegidos de la sociedad: inmigrantes sin papeles de distintas nacionalidades afincados en su lugar de residencia, la Comunidad Valenciana. Lograron al menos ocho supuestos candidatos que fueron enviados a una prestigiosa clínica privada valenciana, donde se les hicieron analíticas, resonancia magnética, y un TAC abdominal sin hacer más preguntas (pese a ser gente sin enfermedad alguna) y que se abonaron con una tarjeta bancaria de los empresarios de Alicante.

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"Lograron al menos ocho supuestos candidatos que fueron enviados a una prestigiosa clínica privada valenciana"

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Con una oferta genérica de 40.000 euros para quien se sometiera a la intervención, con algunas modalidades como un trabajo en el Líbano, y tras varias disquisiciones sobre quién era el candidato más adecuado y haber descartado a una mujer por preferir un varón como donante, acabaron eligiendo a un inmigrante rumano que se hizo pasar por amigo íntimo del enfermo dispuesto a donarle un fragmento de hígado. Con él acudieron a los dos hospitales que más trasplantes hepáticos de donante vivo para enfermos adultos hacen en España: la Clínica Universitaria de Navarra y el Hospital Clinic i Provincial de Barcelona sólo para encontrar en ambos una negativa tajante por parte de sus respectivos Comités de Bioética que evidentemente no consideraron creíble este rasgo de altruismo entre dos personas que no se entendían entre si en ningún idioma y que no compartían el más mínimo vínculo demostrable.

Los médicos de Barcelona plantearon entonces la posibilidad de reestudiar al hijo de Hatem, a quien a primera vista no se le observaba contraindicación alguna y efectivamente resultó ser un candidato adecuado que, tras quitarse los miedos de encima, acabó donando el lóbulo derecho a su padre, en un trasplante, ya si, totalmente legal.

Pero todas las tropelías realizadas antes, claramente ilegales ya habían dejado huella. Una ONG que trabaja con inmigrantes, ACCEM, tuvo conocimiento de la oferta de compra a una de las mujeres que finalmente no fueron elegidas y denunció el caso a la policía quien a su vez se puso en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes para que les ayudásemos a tirar del hilo. Por descontado ofrecimos toda nuestra ayuda hasta el esclarecimiento total del caso que, la verdad, es que se produjo de forma brillante por parte de la policía valenciana, poniendo a los implicados a disposición judicial a principios de 2014.

La ONT fue consciente desde el primer momento de la gravedad potencial de los hechos y de lo negativo que hubiera sido para la credibilidad de todo el sistema que el tráfico de órganos se hubiera consumado en España. Por ello no solo fuimos de la mano de la policía guiándoles en todo momento en la investigación, sino que nos personamos en la causa como acusación particular para tener acceso a los documentos de la causa y poder aportar el necesario criterio técnico sobre tráfico de órganos ante las instancias judiciales. De acuerdo con nuestro código penal, se solicitaron 7 años para los que intentaron la compraventa y 3 para el propio trasplantado.

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"Se solicitaron 7 años para los que intentaron la compraventa y 3 para el propio trasplantado"

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Lamentablemente, todo lo bien que funcionaron los filtros que evitaron el trasplante ilegal y la perfecta acción de la policía, no se vieron correspondidos con una acción judicial acorde. Todos los implicados quedaron inmediatamente en libertad provisional y el alcalde e hijo viajaron al Líbano (país sin convenio de extradición) con la autorización del juez, obviamente para no volver ni siquiera a declarar. Transcurrieron 5 largos e interminables años de instrucción del proceso durante los que todo se fue diluyendo y al final el Ministerio Fiscal acabó acordando con las defensas de los acusados unas penas inferiores a dos años, por lo que éstas quedaron suspendidas y nadie tuvo que entrar en prisión. Asimismo, uno de los dos sobrinos del alcalde libanés, propietarios de una empresa de mármoles en Novelda, fue absuelto de todos los cargos.

La ONT, a través de la Abogacía del Estado insistió en la gravedad de los hechos, en la necesidad de una tolerancia cero con el tráfico de órganos y en el mantenimiento de las penas solicitadas al principio por la fiscalía, pero el juez decidió cortar por lo sano, retirándole su personación en el juicio como acusación particular, en contra de la decisión inicial, lo cual permitió llegar al acuerdo descrito sin problemas y emitir la sentencia hace unas semanas.

Un hígado sano puede valer mucho, pero a toda esta gente que intentó comprarlo les acabó saliendo gratis. Tan solo esperar que este resultado no acabe animando a otros a hacer lo mismo. Decididamente algunas decisiones judiciales inducen a la melancolía.