Ante la marejada de noticias, debates y artículos de opinión relativos a la subsistencia del
modelo MUFACE o a su hipotética desaparición, observo que en la mayoría de ellos se ha perdido el foco, lo que obedece a que como en tantos otros asuntos de actualidad tendemos a ser reduccionistas y a polarizar los temas como consecuencia simplemente de que por encima de la razón está el estómago. Por encima del
bien de los ciudadanos está la
ideología y los
intereses políticos.
Así, en este caso, todo parece resumirse entre quienes defienden el modelo y argumentan que es más barato, en comparación con lo que se paga por ciudadano en el
Sistema Nacional de Salud (SNS); y entre quienes lo querrían eliminar, explicando que con el dinero que se paga a las mutualidades transferido a las
Comunidades Autónomas se podría compensar la actividad extra sin sufrir ninguna consecuencia. Porque al final, por unos y por otros, todo se reduce a los que piensan que el SNS se va a colapsar, los primeros, y los que arguyen que el
sistema público lo puede absorber sin problemas, los segundos. La realidad es que las consecuencias y la soluciones para el mismo, en el que caso que se produjera la extinción del
modelo de las mutualidades, es infinitamente más complejo.
Parto de la base, por obvia, que por mucho que insistan en que el SNS puede absorber el
millón de funcionarios y sus beneficiarios sin problemas es un argumento muy discutible. Vamos, como poder hacerlo lo puede hacer seguro, y sobre el papel todo se aguanta, pero lo que es una realidad objetiva y demostrable es que las
listas de espera del SNS han alcanzado cifras sin precedentes en los últimos años, con el
doble de pacientes en listas de espera quirúrgica y el
triple de pacientes en las esperas en consultas respecto a hace ocho años.
Y no voy a calificar la situación de colapso porque es un calificativo que se puede considerar subjetivo y por tanto dar pie a la distracción, pero bajo mi punto de vista estamos en un escenario que refleja claramente, no ya que el sistema no puede asumir la
carga asistencial actual, sin afectar por las demoras a la Salud de los ciudadanos, sino una
afluencia adicional de pacientes. Seguro que hay quien crea que multiplicar estos datos por dos se puede interpretar como que el SNS puede asumir a los funcionarios sin problemas pero la diferencia está en cómo interpretes eso y, en lo más importante y que no se puede esconder en un papel ni bajo una alfombra, en las
consecuencias que esto tenga en los ciudadanos.
"El problema de la Sanidad pública es, por una parte, de falta de productividad y por otra parte de falta de recursos propios, tanto humanos como de infraestructuras, como para poder asumir ese millón de personas"
|
Pero yendo más allá de estos dos argumentos encontrados, no puedo sino reflexionar y exponer que el problema de las mutualidades y de la
Sanidad pública no es un problema de eficiencia. El problema de la Sanidad pública es, por una parte, de
falta de productividad y por otra parte de
falta de recursos propios, tanto humanos como de infraestructuras, como para poder asumir ese millón de personas que se quedarían sin la opción de ir a la
provisión privada en caso de que no se garantizara la continuidad del modelo de mutualismo administrativo.
El
Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente unos datos que sirven como ejemplo, en los que se puede ver que, a pesar de haberse incrementado de forma gradual cada año los presupuestos de las CCAA, el SNS no es capaz de superar el número de intervenciones quirúrgicas que se hacían antes de la
pandemia. Es decir, por mucho que se incrementen los recursos económicos, los
indicadores asistenciales siguen empeorando, lo que evidencia que la solución no pasa únicamente por más financiación, sino por
medidas estructurales que refuercen la capacidad del SNS. O, dicho de otro modo, la sanidad pública, en su estado actual,
no puede aceptar más pacientes sin comprometer su sostenibilidad y la calidad de la atención si no incrementa su productividad, sus infraestructuras y, por supuesto su eficiencia y eso requiere dos cosas: un plan y tiempo.
Y mientras tanto la
incorporación de más de un millón de funcionarios y beneficiarios al SNS, se pongan como se pongan, supondría un crecimiento exponencial de las listas de espera quirúrgicas y de consulta.
Muface alivia la carga asistencia a la Sanidad pública y permite el derecho de elección
Dicho esto, el
modelo MUFACE ha permitido, durante décadas, garantizar la cobertura y el acceso a la sanidad privada para 1,5 millones de personas,
aliviando la carga asistencial para el Sistema Nacional de Salud y permitiendo a los usuarios ejercer su
derecho de elección. No hay que olvidar que el 70 por ciento de los funcionarios de MUFACE ha elegido históricamente y de forma voluntaria recibir su
atención médica a través de la sanidad privada, valorando especialmente su
calidad y accesibilidad.
La
colaboración público-privada, a través de convenios como el de MUFACE, ha sido un ejemplo de complementariedad en el sistema sanitario de nuestro país, facilitando que los
profesionales sanitarios y los recursos hospitalarios se distribuyan de manera más eficiente. El modelo aporta además beneficios tangibles al Sistema Nacional de Salud, permitiendo que este pueda concentrar sus recursos en aquellos usuarios que optan por la
sanidad pública y mejorando los tiempos de respuesta y la capacidad asistencial en general.
Pero la infrafinanciación del modelo de mutualismo administrativo y la
alta siniestralidad del colectivo (cercana al 110%) lo han llevado a una situación de alto riesgo de viabilidad, por las
pérdidas acumuladas de las aseguradoras y por la imposibilidad de garantizar la calidad asistencial.
Pero la extinción de este modelo sería un desastre a efectos prácticos, en primer lugar, como he explicado, porque produciría que se disparasen las listas de espera en el número de funcionarios que necesitaría asistencia sanitaria.
Y, en segundo lugar, porque el equilibrio de nuestro modelo sanitario, basado en la provisión pública y privada, haría que el desplazamiento de ese millón de funcionarios a la Sanidad pública impactara de forma directa sobre decenas de
hospitales privados, sobre todo en provincias que tienen un porcentaje de actividad muy dependiente de los funcionarios. Además, tendría
implicaciones sobre el empleo y la aportación de riqueza en esas provincias, y de manera adicional sobre el propio sistema público que utiliza a esos hospitales para
atender a pacientes a través de los conciertos para controlar las listas de espera que tienen ellos mismos.
En definitiva, como decía al principio, no podemos dejar de lado que esto es una
cuestión de productividad y de falta de recursos, no sólo de eficiencia. De la misma manera, tampoco podemos obviar que el mutualismo administrativo es un
modelo que ha funcionado desde hace décadas a plena satisfacción de sus usuarios y que, con un poco de cariño por parte de la Administración, podría seguir siendo viable.
Y por cierto, para los que piensan que el modelo MUFACE es antiguo y sobre todo contraintuitivo en nuestro modelo sanitario hay que recordar que dentro del SNS existen multitud de modelos antiguos como los
convenios singulares y que lo más contraintuitivo que puede haber en un
sistema Beveridge como el nuestro es que el 26% de los ciudadanos tengan un seguro sanitario voluntario y complementario a la Sanidad pública.
Así que no nos dejemos arrastrar por los debates reduccionistas, ni entremos en cuestiones ideológicos ni políticos.
Sólo hay que pensar en el efectos para los ciudadanos, profesionales y para nuestra sociedad.