Decepcionante Interterritorial, decepcionante ministra

El planteamiento que hizo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Pleno del Consejo Interterritorial de esta semana contribuye más bien poco al discurso de diálogo que gusta anunciar la ministra. Un Pleno mal preparado, con exceso de temas a tratar (31), que llega demasiado tarde (14 meses después del anterior). Y que, además, pretendía imponer ya para esa sesión un nuevo Reglamento que no había sido ni siquiera dialogado con las CCAA previamente y que no es coherente con la distribución competencial de la sanidad española (mayoritariamente autonómica) ni con el espíritu de consenso de esta institución recogido en la Ley de Cohesión y Calidad.

Además las formas de la ministra fueron muy inapropiadas. No debe arrogarse el éxito y la extensión del Plan de Hepatitis C sin poner un solo euro de financiación para esta nueva fase del Plan, como tampoco lo ha hecho con los más de 1.600 millones que ya se llevan gastados. Ni apropiarse del éxito de la nueva OPE sanitaria de empleo público, cuando es su Gobierno el que se ha opuesto sistemáticamente a la eliminación de las tasas de reposición y son de nuevo las CCAA las que van a financiar las nuevas plazas.  

Como tampoco es de recibo la estrategia de confusión que pretende este Ministerio para esconder que el Fondo de Cohesión, que llegó a disponer de más de 100 millones de euros, este año ha sido presupuestado en 3,7 millones, y que por tanto los nuevos centros nacionales de referencia (CSUR) que se siguen acreditando recaen exclusivamente en los presupuestos autonómicos. No se puede confundir y mezclar, como pretende el Ministerio para esconder la miseria de los 3,7 millones, los fondos de cohesión con las aportaciones que realiza la industria farmacéutica, según la Ley del Medicamento. Las consejerías socialistas reclamaron la recuperación del Fondo de Cohesión y la regulación inmediata del Fondo de Garantía Asistencial para establecer las compensaciones entre Comunidades autónomas por atención a personas desplazadas y poblaciones limítrofes. Todo ello dice muy poco de quien luego pide altura de miras y corresponsabilidad.

Corresponsabilidad es lo que pedimos al Ministerio para abordar los grandes desafíos que tiene la sanidad española. Por eso los consejeros y consejeras socialistas reiteraron la solicitud a la ministra de un Pleno monográfico inmediato del Consejo Interterritorial para abordar la financiación sanitaria autonómica, ahora que ya se cumple la mitad del plazo comprometido por el presidente Rajoy para concluir un nuevo modelo de financiación autonómica. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no puede ponerse de perfil y esperar a los resultados y conclusiones del comité de expertos. Es necesario que la sanidad española en su conjunto analice y defienda cuáles son las necesidades financieras y los criterios de asignación para mantener una sanidad de calidad y más equitativa, evitando dar por buena la continua reducción de la razón de gasto sanitario por PIB que el Gobierno contempla en su plan de estabilidad.

Requerimos un análisis prospectivo compartido sobre las innovaciones terapéuticas que están ya en últimas fases de investigación y acuerdos sobre cómo abordar su incorporación para el tratamiento de los pacientes. Y ello requiere pensar en cómo evaluamos la innovación, cómo definimos precios, y cómo abocamos la mayor financiación que sin duda será necesaria.

Un primer Consejo Interterritorial de la ministra Montserrat que ha sido una oportunidad perdida para distanciarse de sus predecesores. La ministra parece ignorar que esta Legislatura ya no es la de la mayoría absoluta del PP y que los Gobiernos autonómicos progresistas son mayoría en el gobierno de la sanidad española. La ministra no quiso abordar, ni siquiera discutir, como le reclamaron los consejeros socialistas, la revisión del RDL 16/2012, ni la eliminación de los recursos que tiene planteados contra normas autonómicas que garantizan la cobertura sanitaria a todos los ciudadanos y alivian los efectos más perjudiciales de los copagos implantados por dicho real decreto ley.

La confianza se gana, no se exige.