El parto de los montes en la sanidad pública

"Después que con bramidos espantosos
Infundieron pavor a los mortales,
Estos montes, que al mundo estremecieron,
Un ratoncillo fue lo que parieron".

Samaniego.


Al día siguiente del acuerdo sobre el fondo de reactivación europeo, en el Congreso de los Diputados español han predominado de nuevo los disensos, poniendo de manifiesto el carácter antagonista y paralizante de la política española frente a una política europea que, a pesar de las posiciones encontradas, es capaz de avanzar y dar un salto federal mediante un impulso intergubernamental, mostrando un instinto de conservación recuperado a raíz de las recientes heridas de las consecuencias negativas de la austeridad y del Brexit.

Nuestro Congreso de los Diputados, sin embargo, ha parido finalnente un ratón en la llamada comisión de reconstrucción con un único acuerdo transversal en sanidad, que ha resultado ser un sumatorio de medidas sin prioridades, calendario ni financiación, que además no ha contentado a nadie, pero que sobre todo no supone un punto de referencia para el refuerzo urgente de la respuesta en el resto de la pandemia ni tampoco a sentar las bases para la reorientación (más que reconstrucción) futura de nuestro modelo sanitario público.

Sorprende que en plena crisis social de la Covid-19, con la singularidad y la trascendencia que para afrontarla han tenido las medidas sociales como el ingreso mínimo vital, la suspensión de actividad en los autónomos o los ERTEs, sean estás precisamente las que no consiguen sumar ni siquiera a la mayoría que respaldó la investidura. En realidad, el derrotado dictamen social es la primera víctima del pulso previo a la configuración de las alianzas presupuestarias, después de la experiencia de la geometría variable ensayada en el último tramo del Estado de Alarma con la incorporación de Ciudadanos.

La votación ha terminado con la nota surrealista de la anulación de un voto repetido y la convocatoria a una nueva votación sobre el dictamen de reactivación económica.

En definitiva, un acuerdo bajo mínimos y sin credibilidad, como era la pretensión desde un principio por parte del PP, cuando desvió la posibilidad de un acuerdo político y social ambicioso al Congreso de los Diputados, con la excusa de la necesidad de que éste se produjera con luz y taquígrafos.

No se trataba entonces de un súbito prurito parlamentario o de transparencia, tan extraños a la cultura conservadora. Se correspondía más bien con la estrategia de oposición de deslegitimación del gobierno, al rebufo de la extrema derecha, para desmontar la retórica gubernamental de unos nuevos Pactos de La Moncloa y demostrar por el contrario la debilidad y radicalidad del gobierno de coalición, que según Casado, 'no hace los deberes' ante la negociación con Europa. Lo cierto es que finalmente la negociación en el reciente Consejo de la UE ha sido todo un éxito y el acuerdo pírrico del Congreso de los Diputados no parece haberlo empañado, si acaso ha representado el fracaso de la estrategia deslegitimadora de las derechas, que ya se puso antes en evidencia con el fiasco electoral en las elecciones vascas y en particular en las gallegas, debido al éxito de la estrategia de moderación y el agotamiento del ciclo populista.

Poco se puede decir pues del dictamen sobre la sanidad post covid, salvo que en sus treintena de páginas y más de setenta medidas lo abarca prácticamente todo de forma unas veces detallada y otras difusa e incluso contradictoria, pero que no ha sido capaz de establecer las medidas más urgentes para afrontar con garantías la nueva fase de la pandemia, ni tampoco de avanzar las prioridades, el calendario, la financiación ni  los ejes de la reconstrucción del modelo de sanidad pública del futuro.

En definitiva, estamos ante el resultado de una estrategia de oposición fracasada, de un acuerdo bajo mínimos frente a la ambición del gobierno y de una técnica parlamentaria que además ha favorecido la confusión.

Sin embargo, la cadencia lógica hubiera sido en primer lugar el acuerdo con las CCAA para enfrentar la Covid-19, y a continuación de la aprobación del fondo europeo de reactivación, el pacto interno sobre las bases para la reconstrucción y modernización, tanto de nuestro modelo productivo como del contrato social de la España post pandemia. Desgraciadamente no ha podido ser.

En materia de salud y sanidad pública, con una pandemia todavía en marcha, previsiblemente al menos durante este año, el objetivo a corto plazo debería haber sido el refuerzo urgente de los pilares de la débil estructura de salud pública existente en las CCAA y en el ministerio de sanidad, y a la vez de las medidas de apoyo a la labor de la atención primaria comunitaria, en particular en materia epidemiológica y socio sanitaria, con el objetivo esencial de evitar que los brotes o una segunda oleada desborden la estrategia de contención y colapsen el sistema hospitalario.

Eso significa dotar ya de más personal, medios tecnológicos, económicos y formación a la epidemiológía, la salud pública y la Atención Primaria a muy corto plazo. Significaría también aclarar el papel del Big data y despejar las reticencias sobre el control digital como apoyo a la labor de seguimiento de contactos. Y, en consecuencia, vincular los fondos económicos extraordinarios a dichas medidas prioritarias.

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"Será muy importante un cambio profundo tanto en el volumen económico, como en las actuales prioridades de investigación, básicamente clínicas y farmacológicas"

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Todo ello en la línea del reciente acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS con las CCAA para la respuesta temprana en la fase de control de la pandemia.

En paralelo, se debería haber garantizado el calendario y la financiación de una reserva estratégica de EPIs y test que impidiese una nueva quiebra de la cadena de suministros, así como de los fármacos y vacunas que la evidencia científica ha ido señalando como más efectivas y seguras frente a la pandemia.

Sin embargo, tratar lo urgente no quiere decir que no sea también una prioridad el sentar las bases de la reorientación futura del modelo sanitario. En particular desde el actual modelo hipertecnológico, farmacológico y hospitalario para la asistencia sanitaria a enfermos agudos, hacia un modelo de prevención, promoción de salud y atención a crónicos de base comunitaria.

Para eso, la prioridad sigue siendo también a medio plazo la salud pública, y como primera medida el desarrollo de la ley general de salud pública, paralizada desde su aprobación en 2011, con la puesta en marcha de la red estatal de epidemiología, el nuevo sistema de información y alerta y la agencia de salud pública y sus estrategias para incorporar los determinantes sociales, la equidad y la salud, no solo en sanidad, sino en todas las políticas públicas. Pero sobre todo para convertir a la salud pública en el servicio de inteligencia del sistema sanitario, que trascienda su valoracion tradicional como gabinete de expertos higienistas sin influencia en la dirección y mucho menos en la gestión del sistema sanitario.

También que, en este sentido, habrá que modificar la formación sanitaria universitaria y especializada y la formación continuada, al margen de las compañías farmacéuticas y tecnológicas y de los actuales conflictos de intereses. Y asimismo será muy importante un cambio profundo tanto en el volumen económico, como en las actuales prioridades de investigación, básicamente clínicas y farmacológicas.

Será preciso también recuperar la defensa del modelo de relación terapéutica, imprescindible entre médico paciente o entre el equipo y la comunidad, hoy en entredicho con la digitalización y sanitaria en marcha y el futuro de la robotización y la inteligencia artificial. Así como la transparencia, la gestión profesional, la evaluación, el buen gobierno y la participación comunitaria y profesional en el futuro del sistema sanitario público. Sin olvidar el inaplazable cambio en un modelo laboral temporal y precario que está minando las bases del sistema. Así como la ampliación del volumen y la reorientación de su financiación, hoy a todas luces insuficiente y con bolsas de ineficiencia.

Pero todo esto es previo a la pandemia de la Covid-19 y va mucho más allá de los efectos y las medidas de contención en la actual fase de control y de otras que seguro están por llegar. Se trata de deslindar lo urgente para contener la epidemia y salvar vidas ahora, de lo prioritario en cuanto a garantizar el futuro de la salud y por tanto del modelo sanitario público.

Ante todo se trata de cambiar los vectores del mercado farmacológico y tecnológico que hoy determinan la inercia reparadora del sistema, por los que trabajan en pro de la salud pública, la prevención y la atención comunitaria, apoyándose para todo ello  en los ciudadanos, los sanitarios y las administraciones públicas con competencias sanitarias. Para eso se necesita tiempo, diálogo y voluntad política. Solo así será posible que el cambio sanitario no se quede de nuevo solo en las grandes palabras, las más de las veces vacías de contenido, del llamado Pacto de Estado por la Sanidad.


Gaspar Llamazares Trigo (médico y analista político) y Miguel Souto Bayarri (médico e presidente da Xunta de PDI da Universidade de Santiago de Compostela), son autores, junto a la profesora de Psicología Gema González López, del libro 'Salud: ¿derecho o negocio? Una defensa de la Sanidad Pública'