50 farmacias de toda España, implicadas en una trama de comercio ilegal de medicamentos

El capitán Gerardo Suárez, de la Comandancia de la Guardia Civil en Navarra; Belén Crespo, directora de la Aemps, y Luis Peláez, teniente coronel de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Jesús Vicioso Hoyo. Madrid
Cincuenta farmacias de numerosas comunidades autónomas participaban en una red que comercializaba de manera ilegal medicamentos con otros países de la Unión Europea. Los despachos suministraban, conscientemente, fármacos destinados a pacientes con leucemia, episodios de epilepsia, entre otras, a tres empresas tapadera, localizadas en la Comunidad Valenciana. Se han detenido a dos personas, imputado a otras 13, al tiempo que se han intervenido más de 12.000 envases (que tienen un valor en torno a los 300.000 euros), cuentas bancarias, 160.000 euros en efectivo y otra importante cantidad en dólares. Además, se ha clausurado un almacén clandestino en Valencia.

La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil en colaboración con la  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), es la primera de este tipo desarrollada en España. Las distribuidoras contactaban a través de teléfono o bien en persona con farmacias que intentaban justificar la venta de estos fármacos a ciudadanos, aunque en verdad lo que hacían era suministrar estos productos como si fueran de parafarmacia. Así se salían de boticas de Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Madrid, Cataluña y Aragón, entre otras regiones, con destino a Bélgica, Reino Unido, Holanda o Dinamarca.

Los farmacéuticos camuflaban la venta tanto para la inspección farmacéutica como para Hacienda, ya que hacían facturas con el 10 por ciento de IVA (el de productos de parafarmacia) con artículos que, en España, tiene un 4 por ciento. Una vez fuera del país, los precios bajos españoles se disparaban y se multiplicaban por dos, tres o cuatro veces el valor original, tal y como ha informado el teniente coronel de la Unidad Técnica de la Policía Judicial Guardia Civil, Luis Peláez. La distribuidora ilegal exigía a los boticarios que los artículos tuviesen unas condiciones óptimas, tanto de envasado como de fecha de caducidad.

Otro de los problemas que ha conllevado esta trama es que se ha provocado el desabastecimiento de medicamentos en algunas regiones, con el consiguiente problema para los pacientes españoles.

Un despacho navarro dio la primera pista

Esta importante operación ha servido para imputar a los principales implicados delitos contra la salud pública, contra Hacienda y blanqueamiento de capitales, según ha indicado el capitán Gerardo Suárez, de la Comandancia de Navarra. La directora de la Aemps, Belén Crespo, ha felicitado a los agentes del Instituto Armado que trabajan en la operación, que arrancó en julio de 2013 y que todavía permanece abierta. Todo fue a raíz de la denuncia de una botica navarra, quien dio la primera pista para destapar todo el entramado.

Lo que aún no se ha dilucidado es cómo se traducirá la implicación de los responsables de las 50 farmacias que participaban en la red de comercio ilegal, es decir, si solo recibirán sanciones administrativas o, además, serán imputados por un delito penal, amén de la irregularidad fiscal cometida. Crespo ha recordado que la Ley de Garantías, modificada en 2013, contempla sanciones de entre 90.000 y un millón de euros. Esta cuestión “técnico-jurídica” la tendrá que determinar el fiscal y el juzgado de instrucción que lleva el caso.

Sí que está claro que, según la Benemérita, sabían lo que hacían y, por tanto, han contribuido a un posible grave perjuicio para los pacientes extranjeros que tomaban estos medicamentos falsificados, como así se les cataloga una vez fuera, ilícitamente, del canal comercial reglado.

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