Cómo y cuándo se ata a los pacientes en España

“Tenemos pacientes a los que, si no contenemos, son capaces de quitarse la vida de las formas más cruentas que se puedan imaginar”. Celso Arango, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y presidente del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, pone sobre la mesa una realidad que se vive frecuentemente en la sanidad española: el uso de sujeciones para controlar a pacientes en un momento determinado de su tratamiento cuando ya no queda otra posibilidad de retención.

A pesar de que no es una de las técnicas más ‘populares’ en el sector sanitario y sociosanitario de nuestro país (por las cuestiones éticas que acarrea su uso y los riegos que suponen en la seguridad del paciente), las retenciones son una de las opciones con las que cuenta el profesional para impedir que el paciente se pueda autolesionar o dañar al resto de trabajadores que lo atienden.  

Y, aunque se utilizan siempre en casos extremos, los sanitarios no ven grandes ventajas en su uso, más allá de las de evitar “un mal mayor”, como asegura Arango a LA REVISTA de Redacción Médica. Según el psiquiatra, atar a los pacientes no solo les puede producir daños físicos (como tromboemolismos pulmonares, úlceras, infecciones, debilidad u otro tipo de complicaciones), sino también psicológicos (traumas, miedo, pánico, agresividad, apatía, depresión, etc.), además de privarles de uno de sus derechos fundamentales: la movilidad, indica el experto.

Por eso, los expertos acuerdan en señalar que el uso de estas prácticas debe tender a erradicarse en nuestro sistema sanitario y buscar alternativas que no comprometan la humanización de la asistencia del paciente, principalmente, educando al personal de los efectos nocivos que tienen estas técnicas. Mientras llega ese momento, ¿cómo y cuándo se debe atar a un paciente en España?

El uso de las sujeciones salta al Congreso

Tanta polémica suscita la utilización de este tipo de prácticas que ha saltado directamente a la actualidad política sanitaria del país. Ciudadanos, capitaneado por su portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados, Francisco Igea, ha sido el partido que recientemente ha puesto este asunto en la agenda política. En un primer momento, proponía incentivos económicos para crear residencias de mayores “libres de sujeciones”, o lo que es lo mismo, que regule este tipo de prácticas y consigan minimizar su uso, además de elevar esta cuestión al Consejo Interterritorial para eliminar los conciertos a quienes no se adhieran a este programa.

Celso Arango, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP).

Pero la formación no solo se quedó ahí. Esta misma semana, Ciudadanos ha conseguido aprobar por unanimidad una serie de medidas que limitan el uso de las retenciones mecánicas en las residencias. Y lo ha hecho gracias al consenso alcanzado con todas las fuerzas políticas que componen la Cámara Baja. La propuesta final impulsada por la formación naranja pedía que se creara un registro de pacientes a los que se les aplican las sujeciones mecánicas y sus causas, así como una revisión periódica para corroborar si sigue siendo necesario aplicarlas. Podemos, por su parte, planteó la posibilidad que se promovieran reformas arquitectónicas y de mobiliario para hacer menos necesario atar al paciente.

Algunas CCAA ya se han puesto ‘mano a la obra’ para regularlo

A nivel autonómico, la Comunidad de Madrid es una de las regiones que más están avanzando para regular el uso de las sujeciones físicas y químicas dentro de su sistema sanitario y sociosanitario. De hecho, hace escasos meses, la Consejería de Sanidad emitió una orden para establecer los criterios de cuándo y cómo se deberían usar estas retenciones en los hospitales y centros residenciales, además de fijar un protocolo específico en esta materia.

“El uso de sujeciones en el ámbito asistencial sanitario es una práctica que, hasta el momento, no ha sido regulada ni se han concretado expresamente los derechos de los pacientes”, reza el documento. “Su aplicación indiscriminada, según las circunstancias, puede conllevar un tratado inadecuado o una limitación de la libertad física y moral del paciente, así como de los principios de autonomía, de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de los individuos”, explica la normativa, que busca potenciar más la humanización en la asistencia sanitaria madrileña a través de la “tolerancia cero con el abuso de las retenciones”.



Pero no es la única. Cantabria es otra de las regiones que cuenta con una regulación específica en este sentido, a través de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, que hace referencia al “derecho del paciente a no ser sujeto a ningún tipo de restricción física o intelectual”.

O País Vasco, que cuenta desde hace años con un convenio entre la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y la Fundación Instituto Gerontológico Matia (Ingema) para impulsar una serie de iniciativas que identifiquen qué factores son necesarios para que los nuevos centros de atención a personas mayores dependientes trabajen ya libre de restricciones. De hecho, en revisión de este acuerdo, la Administración vasca constató que, desde 2010, se había dado ya una importante reducción del 41 al 26 por ciento en el uso de restricciones.

Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Contenciones mecánicas y químicas, las más frecuentes

Para intentar ‘tutorizar’ sobre cómo y cuándo es ético atar a un paciente, el Comité de Bioética -dependiente del Instituto de Salud Carlos III- ha lanzado una guía con 16 consejos sobre cómo actuar en estos casos.
En nuestro sistema sanitario se utilizan, principalmente, dos tipos de procedimientos para reducir a los pacientes: con sujeciones materiales o químicas. Las primeras engloban todas aquellas técnicas que requieren de un mecanismo que se pueda atar a la cama o a la silla de ruedas para controlar al enfermo, bien sea visibles (como cinturones abdominales y pélvicos, manoplas o muñequeras) o invisibles (como sábanas ‘fantasmas’ que reducen la movilidad en la cama). Las sujeciones químicas, por su parte, hacen referencia más a tratamientos farmacológicos que se utilizan en el paciente para reducir su ansiedad, depresión o descontrol en un momento determinado.

Asimismo, este documento especifica claramente que antes de instaurar las retenciones, el sanitario debe buscar alternativas. En él, se analiza las circunstancias previas en las que se encuentra el paciente y pide ser “muy exigentes en la humanización de su atención”, es decir, que no sea solo aplicar unos protocolos y mantener unos riesgos, sino que se percate que se hace de la manera más ética posible y no se vulnera ningún derecho. Y, siempre y claro, que su uso reduzca o acabe con un riesgo vital urgente para el paciente.

Además de esto, la guía aconseja que la aplicación de una medida de sujeción “no puede conducir a la discriminación de la persona” por parte del equipo profesional que le atiende, sino todo lo contrario, debe ser tratada con la máxima consideración y respeto. De hecho, para contenerle, los sanitarios necesitan el consentimiento previo de la persona, y en el caso de que estuviese incapacitada, debe ser prestado por representación.


En definitiva, si el médico tiene alternativa, pide utilizar siempre otro tipo de recursos que tenga a su disposición. Aranga se refiere a las técnicas que ya emplean otros países donde el uso de las retenciones no está permitido. En esos casos, los médicos utilizan la contención ‘persona a persona’, o lo que es lo mismo, reducir al paciente hasta que se calma (aunque esta técnica también tiene sus inconvenientes -asegura el sanitario-, ya que puede suponer la asfixia al paciente o un proceso traumático para el profesional que la realiza).

Por eso, consciente de que no se puede eliminar al cien por cien el uso de las sujeciones en la sanidad española, expertos como Arango recomiendan utilizar “de forma puntual y con protocolos homogeneizados” fijados a través de los Comités de Ética Asistencial de los hospitales.