La consejera de Sanidad, Carmen Montón.
La
Consejería de Sanidad planea obligar a grandes
centros educativos y deportivos a contar con un
desfibrilador en sus instalaciones. Así figura en una
resolución por la que se somete a información pública el proyecto por el que se regula la instalación y uso de desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos fuera del ámbito sanitario, en la Comunidad Valenciana.
La normativa del
Consell, que aún está en trámite, también afecta a
estaciones de tren y autobús y a establecimientos públicos con
aforo de al menos 1.000 personas. En su exposición de motivos, el borrador de decreto recuerda que la fibrilación ventricular está detrás del 80 por ciento de las muertes súbitas de origen cardiaco y “requiere atención inmediata, ya que por cada minuto que se retrasa su tratamiento adecuado se reduce en un 10 por ciento la posibilidad de supervivencia de la persona que lo padece”.
Según el documento, que hace hincapié en la necesidad de permitir el uso del dispositivo al personal no sanitario, todos los
municipios de más de 50.000 habitantes deberán de tener estos dispositivos en sus aeropuertos, puertos comerciales o estaciones de tren y autobús. También se incluyen a todas las
estaciones de metro que acojan a un mínimo de
2.000 personas al día.
También deberán incorporarlo todos los centros educativos que acojan a, al menos
1.500 personas (universidades, grandes institutos o colegios concertados que ofrecen desde Primaria a Bachillerato); los complejos deportivos en los que a diario pasen un mínimo de
500 personas y los establecimientos públicos con un aforo de
un millar de personas.
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