Aerte reclama una reunión urgente con la Administración para regular los pagos

María José Mira, gerente de Aerte.

Redacción. Valencia
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), reitera la necesidad de una reunión urgente con las consejerías de Bienestar Social y Hacienda, ya solicitada el pasado día 5 de agosto, para poner orden en la regulación de los pagos comprometidos con el sector de forma equitativa con el conjunto de los centros.

En un comunicado, la patronal manifiesta la urgencia de acordar con la administración valenciana un "compromiso serio dirigido al desarrollo de un plan de pagos  igualitario que pueda garantizar la sostenibilidad a todo el conjunto del sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana, tal y como se ha comprometido a ejecutar en varias ocasiones".

Aerte asegura que el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación muy compleja y delicada, al no poder hacer frente por más tiempo a la carga de deuda que mantiene la Generalitat valenciana, y que "sólo en los centros de atención a dependientes de titularidad pública asciende a más de 50 millones de euros, correspondientes a todas las facturas desde octubre de 2012, algunas de hace más de 10 meses. Centros, que atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y da empleo a más de 3.000 profesionales".

Por otro lado, como desde la patronal lleva solicitando a la administración valenciana, es necesario plantear con su colaboración la ordenación del sector, con iniciativas como la planteada en su momento y que se dirige a posibilitar la existencia de, al menos, el mismo número de plazas concertadas que de ayudas directas al usuario, con un presupuesto que se distribuyera equitativamente entre ambos programas anualmente, respetando siempre la libertad de elección del usuario. Solicita además que se  cumpla el derecho de las personas dependientes y sus familiares a escoger de forma libre el centro especializado donde desean ser atendidos, cuya consecuencia es la asignación no igualitaria de plazas entre los centros residenciales. 

Por otra parte, Aerte quiere incidir en la necesidad de tratar con la administración valenciana la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, así como la atención de los más de 11.000 personas dependientes, ancianos y discapacitados en su mayoría, que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación.