El Gobierno ‘etiqueta’ a los empleados de La Ribera: "Personal a extinguir"

La asociación SanitatSolsUna, que defiende el modelo de Alzira, ha criticado que el Gobierno valenciano en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat 2018 califique al personal del Hospital de La Ribera como "personal a extinguir", lo que ha provocado que aumente la "incertidumbre" de los profesionales a seis meses de la reversión del centro. 

Según ha destacado la plataforma, dicha ley asume que la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo o la decisión de despedir a la plantilla es responsabilidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Motivo por el que, hasta los sindicatos, "tampoco se fían y reconocen cautela".

“Esta ley califica al personal del Hospital de La Ribera como 'personal a extinguir’, aumenta así la incertidumbre de 2.000 trabajadores del departamento de salud y los condena a una precarización laboral”, han asegurado desde la asociación.

Personal indefinido no fijo

Acerca de este término, han denunciado que se haya ocultado esta denominación en el trámite obligatorio de publicación en el Diario Oficial “utilizando mediáticamente y en las Cortes la de indefinido no fijo, una figura que ya era de por sí inquietante, puesto que más del 90 por ciento de los trabajadores actualmente tienen la condición de indefinidos en la concesión”.

La plataforma ha denunciado que los trabajadores van a pasar de tener claras las condiciones actules así como un salario con incentivos, y se exponen a desconocer a lo que se exponen bajo la calificación de "indefinido no fijo", lo que, además, entienden que es de "dudosa legalidad". Para la asociación, “lo que está claro es que los cerca de 2.000 profesionales de La Ribera salen perdiendo" con este proceso ya que como dice el anteproyecto publicado ayer se pueden convocar oposiciones legalmente.

Y es que, como afirman diversos expertos en derecho laboral, la figura, personal a extinguir, o como indefinido no fijo, no se puede mantener indefinidamente, y eso "obliga a la Administración a convocar oposiciones”. De lo contrario, añaden, “cualquier aspirante a trabajar en La Ribera podría reclamar este derecho en cualquier momento", indican desde la asociaicón.