Dos entidades y cinco fundaciones sanitarias públicas, reestructuradas por el Gobierno

El presidente Alberto Fabra.

Redacción. Valencia
El Boletín Oficial del Estado de este viernes ha recogido la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. De las 55 entidades y fundaciones a las que afecta la norma, siete son sanitarias, dos entidades (Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria y Centro Superior de Investigación en Salud Pública) y cinco fundaciones (Investigación Agroalimentaria; Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana; Investigación Biomédica, Docencia y Cooperación Internacional y para el desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia; Oftalmológica del Mediterráneo; Investigación del Hospital Universitario La Fe de Valencia).

En el capítulo IV, la norma engloba las medidas en el ámbito sanitario y bienestar social. Entre las entidadades ‘afectadas’ se encuentra el Centro Superior de Investigación en Salud Pública, suprimido, y cuyas funciones administrativas pasan a ser asumidas por la Consejería de Sanidad. En este apartado, también se encuentra la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria, suprimida igualmente. En el caso del Instituto Valenciano de Atención a las Personas con Discapacidad y Acción Social, la norma explica la modificación de su denominación (pasa a ser Instituto Valenciano de Acción Social) y fines. Por último, la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat del capital social de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales pasan al Instituto Valenciano de Acción Social.

La innovación, competitividad e investigación aparece recogida en el capítulo V de la Ley y es el nuevo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial el que contará a partir de ahora entre sus objetivos con el deber de “facilitar la realización de actuaciones de la I+D+i empresarial”. Siguiendo con este ámbito, el Gobierno regional liderado por Alberto Fabra también ha contemplado la necesidad de modificar los fines y funciones de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, con capacidad de actuación en “el ámbito del sistema empresarial, tecnológico, científico, universitario y de los servicios públicos valencianos”.