Blasco, a juicio por los indicios de delito en el Caso Cooperación

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ve indicios de delito de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental para juzgar a los investigados del “Caso Cooperación” en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco.

La jueza Nieves Molina ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del “Caso Cooperación”, por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG's y en la construcción de un hospital en Haití. El auto notificado este lunes a las partes transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja el caso preparado para el juicio.

Entre los procesados, además del exconseller Blasco, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

Listo para juicio oral

En la resolución, la jueza da traslado al fiscal y a las acusaciones y abre plazo para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar los delitos que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos. En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.

Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es “evidente” el concierto entre el exconseller Blasco, el exjefe de área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como “directores o jefes” del “grupo criminal” para poder “organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos”.

En el auto, de casi 400 folios, la magistrada explica que Tauroni, desde su puesto de director de “facto” de la Fundación Entre Pueblos, “era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano D. Arturo Tauroni, como a su trabajadora de confianza Dª Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, D. Alfonso Navarro”. La jueza añade que “prueba de lo anterior son los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de éstos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes”.

Según recoge la resolución judicial, Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, “pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita”.

La titular de Instrucción 21 ha dictado un único auto de procedimiento abreviado con el que cierra la instrucción de las dos piezas, que se unifican.