Redacción. Valencia
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) a la que pertenece Aerte (patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana) ha trasladado en el Comité Consultivo de la Dependencia del ministerio de Empleo y Seguridad Social, su disconformidad a la forma en cómo se han realizado los pagos del pasado 28 de diciembre a las empresas del sector de la dependencia.

Alberto Giménez, presidente de Aerte.

Así se lo ha hecho saber en el curso de una reunión en la que Alberto Echevarría, presidente de FED, ha demandado al Comité Consultivo de la Dependencia soluciones para resolver la deuda que la Administración valenciana todavía tiene pendiente con el sector de la dependencia, en concreto los 60 millones de euros que aún adeuda a la mayoría de los centros asociados a Aerte, en su mayoría correspondiente a todo el año 2012.

La deuda total no se ha solventado

Aerte ha aclarado algunas noticias recientemente aparecidas en medios anunciando la resolución de la deuda, al ser incorrecta pues se han producido una serie de pagos, pero de forma desordenada y nada equitativa que ha llevado a la Administración a abonar, por un lado, casi todo el año a algunas empresas y, sin embargo, nada a otras, en la mayoría centros asociados a Aerte.

En la misma línea, la FED ha aclarado al Comité Consultivo de la Dependencia la situación de malestar que ha generado en sus empresas asociadas y en la misma patronal, la falta de defensa y representación de los sindicatos para con las empresas de dependencia asociadas a Aerte, tras el falso anuncio de resolución del conficto que realizaron y en el que se basaron para desconvocar la marcha del día 20. Para Aerte, no tuvo sentido que los sindicatos UGT y CCOO dieran por resuelta la situación de los impagos existente por parte de la Administración, cuando la mayor parte de las empresas asociadas a Aerte no han visto resuelta su deuda y permanecen en la misma situación de alarma y sobrellevando el mismo deterioro de hace un año. 

En este sentido, Aerte ha calificado como contradictoria la defensa que los sindicatos han hecho de los derechos de sus trabajadores con motivo de los impagos de la Administración, llegando incluso a sancionar a varias empresas por el impago de las nóminas de sus trabajadores, empresas que no han cobrado un euro de la deuda pendiente desde hace más de un año. Esta postura adoptada por los sindicatos, claramente discriminatoria para con los trabajadores cuyas nóminas no han sido tenidas en cuenta en el pago de la Administración, ha sido calificado como inadmisible por Aerte.