Sanidad deberá aclarar el papel de los sanitarios en el robo de bebés

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la nueva ‘Ley de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936’. En este texto se pone de relieve el papel que algunas instituciones sanitarias jugaron al permitir los llamados “robos de bebés” y las emplaza a colaborar con el esclarecimiento de estas adopciones ilegales.
 
En concreto, la ley compromete al Gobierno de Navarra a "apoyar a las víctimas del robo de bebés causados por la represión de la dictadura franquista, incluidas sus familias y las personas que buscan su identidad biológica".
 
En ese contexto, se critica "la colaboración de instituciones religiosas, hospitales y médicos" en el ejercicio del "robo de bebés a mujeres pobres o políticamente significadas, para su entrega en falsa adopción a través del engaño, la ocultación y la marginación".
 
Esta ley foral ha sido presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra (IU) y ha contado además con los votos favorables de UPN y PSN (PSOE) para ser aprobada. El PP de Navarra se ha abstenido.
 
La normativa, según consta en su exposición, busca "el reconocimiento, la reparación moral y el amparo institucional necesarios para hacer efectivo el derecho a la identidad y a la búsqueda de los seres queridos injusta e ilegalmente arrebatados en el marco de la represión de género ".
 
Colaboración de las instituciones sanitarias
 
Con ese fin, la ley solicitará la colaboración de todas las instituciones sanitarias, públicas o privadas que custodien libros de adopciones, expedientes relativos a la protección de menores o historiales médicos sobre nacimientos producidos en Navarra desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de enero de 1978.
 
El objetivo es la elaboración de un censo de bebés robados para, a través de un convenio con el Fondo Documental de la Universidad de Navarra (UPNA), "tratar de esclarecer los casos de adopción irregular e identificar a las madres biológicas que no hubieran dado su consentimiento".
 
En el caso de las víctimas de la práctica de robo de bebés producidos entre 1979 y 1990, se conviene que también podrán acogerse a los beneficios de esta ley, en el supuesto de que el robo se ajuste a lo previsto en la norma.
 
En todo caso, el censo, que no será público (sólo se publicitarán los datos estadísticos), proporcionará a los interesados copia de la documentación que les afecte. Y facilitará a los investigadores acreditados que lo demanden todas las informaciones relativas a su elaboración, siempre que se comprometan por escrito a no difundir datos de carácter personal.